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Más oficinas, más presupuesto… ¿más impacto? El procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, asegura haber rescatado una PDH en ruinas, con más oficinas, personal motivado y mayor presencia territorial. Sin embargo, persisten dudas sobre el impacto real de sus acciones, especialmente ante crisis como el paro magisterial o el hacinamiento carcelario.

Zonas rojas: donde el miedo dicta las reglas. En zonas como la 18, el estigma y la violencia atrapan a familias sin salida. No pueden mudarse, vender ni vivir con libertad. El miedo es constante, pero mostrarlo puede costarles la vida.

En línea. El analista en seguridad ciudadana del Centro de Investigaciones Nacionales Económicas (CIEN), Walter Menchú, considera que la expansión de una zona roja implica control criminal y delitos, y si hay disputa territorial, también un aumento de la violencia.

Narcos en el Congreso: cuando cedimos el poder. Alejandro Palmieri analiza cómo el Legislativo se ha llenado de figuras ligadas al crimen organizado, fruto de décadas de declive moral y corrupción. La CICIG, lejos de fortalecer la política, ahuyentó al financiamiento limpio y dejó el camino libre al narco.

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Alejandro Córdova:

“No podemos seguir perdiendo días de clase”

^{Por: Glenda Sánchez}

Alejandro Córdova asegura que transformó una institución debilitada en una entidad más equipada, presente y comprometida con la población. Habla sobre la expansión de oficinas, el fortalecimiento del personal, el papel de la educación y la atención a migrantes y privados de libertad. También cuestiona el rol del Ministerio de Educación (Mineduc) frente al paro magisterial que afecta a miles de estudiantes.

¿Cómo encontró la PDH?

— En estado crítico. La institución estaba abandonada, precarizada y casi sin recursos operativos: el 96 % del presupuesto se destinaba a salarios. Por eso impulsamos un plan estructurado con ocho ejes, el primero enfocado en fortalecer la estructura institucional y dignificar al trabajador.

¿Qué medidas tomaron para revertir ese abandono?

— Logramos un aumento de presupuesto en 2023 por las gestiones con el Congreso. Pudimos comprar computadoras para todos los colaboradores, no solo en la capital, sino en las 35 auxiliaturas del país. Dotamos de papelería, escáneres, fotocopiadoras y tinta. Todo lo necesario para que el personal pudiera brindar atención efectiva a la ciudadanía.

¿Además del equipo, hubo incentivos para el personal?

— Se otorgó un bono de GTQ 3000 en 2022, luego de 15 años sin beneficios. Posteriormente, implementamos nivelación salarial y tres aumentos consecutivos. Hoy, cada trabajador percibe hasta 18 sueldos al año. Con herramientas y motivación en mano, exigimos trabajo concreto y metas alcanzables. El objetivo es devolverles a los guatemaltecos lo que merecen por su contribución como contribuyentes.

¿Cuál es la visión actual de la PDH?

— Somos una institución apolítica, neutral y objetiva. La única ideología que seguimos es el respeto a los derechos humanos. Fiscalizamos al Estado, como lo hace la Contraloría en el gasto público. Nos debemos solo a la población guatemalteca, y actuamos dentro de lo que establece la Constitución y la ley del procurador.

¿Qué lugar ocupa la educación en el enfoque de derechos humanos?

— Es columna vertebral. Como docente universitario, desde hace más de 30 años, creo que un país educado es un país desarrollado. En 2024, capacitamos a más de 299 000 personas en 2215 eventos. Cada auxiliatura tiene al menos un educador, y estamos incorporando uno más. La meta es fortalecer el conocimiento y la credibilidad de la población en los derechos humanos.

¿Cómo se enseña a la población sobre sus derechos?

— A través de talleres, charlas, visitas a universidades, escuelas públicas y privadas. Incluso llevamos obras de teatro a departamentos alejados. Creemos que los derechos humanos deben aprenderse desde la infancia, al igual que matemáticas, historia o ciencias.

¿Qué rol asumió la PDH durante el paro magisterial?

— Desde el 10 de abril acompañamos el movimiento sindical y mantuvimos contacto con el Ministerio de Educación. Cuando el sindicato se instaló en el Palacio Nacional, emitimos un pronunciamiento: lo más importante es la educación de nuestros niños. Son el tesoro más valioso del país.

¿Propusieron alguna solución?

— Sí. Ofrecimos nuestras instalaciones como espacio neutral para que ambas partes pudieran negociar. La PDH no toma partido, pero defiende el derecho humano a la educación. Ante la falta de respuesta oficial, formalizamos la oferta mediante notificaciones al sindicato y al ministerio.

¿Hubo seguimiento ante la afectación a clases?

— Sí. La PDH abrió un expediente por suspensión de clases: ¿Dónde está el plan B del Ministerio? Según datos internos, más de 500 escuelas detuvieron clases por el paro. Si bien el conflicto sindical es relevante, eso no exime al Ministerio de tener alternativas. En pandemia lo hicieron con guías de trabajo. Las soluciones existen si hay voluntad.

¿El Ministerio respondió al llamado?

— El sindicato mostró disposición para negociar. Comunicamos esa intención al Ministerio y propusimos dos fechas tentativas. Hasta la fecha, seguimos esperando confirmación. A su vez, iniciamos otro expediente pidiendo directamente a la ministra qué estrategias tiene para garantizar la educación.

¿Cómo equilibrar manifestaciones y derechos educativos?

— Apelamos al artículo 33 sobre derecho a la manifestación, y al artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Hay que amalgamar ambos derechos, priorizando el interés superior del niño. El diálogo es urgente, no podemos seguir perdiendo días de clase.

¿Cómo enfrenta la PDH los desafíos en centros de privación de libertad?

— Tenemos una defensoría especializada que se encarga de evaluar condiciones de vida, trato recibido y respeto al debido proceso. También velamos por los derechos de los guardias penitenciarios. La sobrepoblación es alarmante: el preventivo de zona 18 tiene un 400 % de ocupación.

¿Y sobre la prisión preventiva?

— Esa figura no existe jurídicamente como muchos la entienden. Como exmagistrado de Sala de Apelaciones, sé que las medidas cautelares tienen vigencia limitada. No pueden renovarse indefinidamente. La ley debe ser pronta y cumplida, de lo contrario, no es justicia.

¿Cuántas personas se encuentran actualmente en prisión preventiva?

— Los datos varían a diario porque dependen de audiencias y modificaciones. Pero lo cierto es que hay hacinamiento y vulneración de derechos. Hay 21 centros de privación en el país que ya no se dan abasto. Este también es un tema de seguridad nacional.

¿Qué acciones concretas ha tomado la PDH?

— Hemos dialogado con el Ministro de Gobernación, y estamos trabajando para garantizar la seguridad sin que se vulneren los derechos fundamentales. Nuestra labor se centra en salud, educación y seguridad: los temas que afectan al guatemalteco cada día.

¿Cuál es la postura de la PDH respecto a los migrantes?

— Velamos por todos: nacionales, extranjeros, personas en tránsito. Nadie debe ser extorsionado por bandas o funcionarios corruptos. Hemos presentado denuncias por extorsión contra migrantes y creado programas de apoyo. Las PDH móviles y nuevas oficinas en El Ceibo, Esquipulas, Río Dulce y Huehuetenango fortalecen nuestra presencia.

¿Ha crecido la presencia institucional de la PDH?

— Sí. Iniciamos con 33 auxiliaturas y estamos por cerrar el año con 38. Queremos sumar ocho más en 2025. Hay regiones donde la población tarda más de ocho horas en llegar a una oficina. Eso ya no puede pasar.

¿La población confía más en la PDH?

— Lo vemos día a día. En bloqueos, protestas o desalojos, lo primero que piden es que la PDH esté presente. Eso demuestra que la institución está recuperando su credibilidad. El año pasado recibimos más de 13 000 denuncias; más de 12 000 ya fueron resueltas.

¿Qué opina la PDH sobre los señalamientos de exjueces, exfiscales y periodistas que se declaran perseguidos políticos?

— Lo primero es dejar claro que el derecho a denunciar es un derecho humano. Si cualquier persona —sea exjuez, exfiscal, periodista o defensor de derechos humanos— considera que sus derechos han sido vulnerados, debe acudir a la Procuraduría. Estamos dispuestos a recibir la denuncia, abrir un expediente e investigar.

Tenemos una defensoría especializada para periodistas y defensores de derechos humanos. Esta unidad se enfoca específicamente en atender casos de amenazas, intimidaciones o persecuciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones. No hacemos distinciones políticas ni ideológicas. Para nosotros, lo que importa es que se respete el marco constitucional y el derecho al debido proceso.

Fotos: Diego Cabrera / República

El estigma de vivir en una zona roja —como la zona 18— persigue a varias personas. Sin embargo, estas no eligieron dónde nacer o residir. En la mayoría de los casos, la necesidad las obligó y las retiene. Vender no es una opción, pues las propiedades están devaluadas. Se intenta “subastar” la casa, pero ante la inseguridad no hay quien la compre.

Por qué importa. Las zonas rojas tienen un impacto directo en la vida cotidiana. El principal es que las personas viven con miedo, pero no pueden mostrarlo ante los grupos delictivos. La razón: serían víctimas fáciles para extorsionarlas u obligarlas a cometer actos ilícitos.

• “Mi mamá me dice que no debo demostrarles que les tengo miedo”, relata un vecino de la zona 18. Actualmente, tiene 23 años y desde que nació vive en esa área, la más violenta en Guatemala.

• En su infancia nunca jugó en la calle. Todo lo hacía en su casa, una realidad que le impidió hacer amigos en la colonia. Hoy tiene, pero viven en zonas seguras y nunca llegan a visitarlo.

• Varias escuelas del sector han sido víctimas de extorsiones. El vecino cuenta que de su casa a la escuela no podía caminar solo. “Siempre iba con mi mamá; los mareros estaban por todas las calles”.

Visto y no visto. Vivir en una zona roja impide que los servicios básicos lleguen con efectividad a las familias. En los últimos años, el reto ha sido con el internet, porque las principales compañías no dan cobertura en esos sectores. Esto se replica con el agua purificada, las entregas a domicilio y el transporte por aplicación; son nulos.

• En el caso de la movilización de las zonas rojas a otros puntos, las únicas formas de hacerlo son en transporte público o vehículo propio.

• La última opción tiene retos, como dónde resguardar el carro o la moto, pues las casas carecen de estacionamiento propio. Dejarlos en la calle no es opción, pues quedan a merced de los grupos delictivos.

• El vecino recientemente compró su motocicleta y le tocó alquilar un parqueo para resguardarla. La misma situación atravesó su hermana cuando adquirió su carro.

Sí, pero. Otros testimonios dan una idea de mayor angustia al residir en lugares como la zona 18. Vivir a la par de un “marero” o en punto de reunión de grupos delictivos es un riesgo latente. En cualquier momento se pueden originar balaceras o asesinatos. Una bala perdida cobraría la vida de una persona inocente, y el mayor temor es con los niños.

• En lo que va del 2025, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) ha reportado 45 cadáveres provenientes de la zona 18 por hechos de violencia y criminalidad.

• Una vecina de la colonia Alameda IV, zona 18, contó que vivió a la par de una pandillera. Lo hizo por necesidad, ya que sus padres residían en el sector y requerían cuidados.

• “Viví a la par, pero nunca me dejé, porque si uno baja la mirada, son capaces de cualquier cosa”, recordó. Además, agregó que “si uno deja que hagan lo que quieran, estamos perdidos”.

Balance. Las familias que viven en las zonas rojas quedan atrapadas en lugares devaluados y sin opciones reales de mudanza. Es decir, obligadas a convivir con el peligro como parte de su vida diaria. Esto también origina los estigmas sociales que les impiden conseguir empleo, por ejemplo.

• Las carencias básicas, como transporte seguro, internet o espacios recreativos, profundizan el aislamiento de comunidades enteras. Los más afectados son los niños y jóvenes.

• Mientras tanto, los ciudadanos, comercios y repartidores se adaptan como pueden: pagan la extorsión, callan o se van. Y los que buscan y pueden marcharse —que sucede muy pocas veces— no lo dudan.

En mercados dinámicos, cada decisión estratégica exige una comprensión profunda del consumidor. Hoy, interpretar datos ya no es una ventaja competitiva: es una condición indispensable del liderazgo. En Centroamérica, Research & Planning ha forjado una reputación sólida entre las empresas más exigentes.

Por qué importa. En la medida en que una empresa puede anticipar patrones de comportamiento, ajustar su propuesta de valor y tomar decisiones informadas, mayor es su resiliencia y su crecimiento.

• Las metodologías de Research & Planning permiten captar señales del mercado que otros simplemente no ven.
  
  

• Así, las empresas minimizan riesgos, optimizan sus presupuestos comerciales y toman decisiones en tiempo real con mayor certeza.
  
  

• El consumidor centroamericano no responde igual en cada país, ni siquiera dentro de una misma generación. Por eso, los equipos de liderazgo necesitan datos afinados por región, edad y contexto digital.

Lo que sigue. Los próximos años marcarán la diferencia entre quienes reaccionan y quienes se adelantan. La diferencia estará en la interpretación, no solo en la recolección de datos.

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• Las empresas que apuestan por decisiones basadas en datos ya no compiten por sobrevivir: compiten por liderar mercados cada vez más exigentes.
  
  

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En el Congreso de Guatemala, el espectáculo diario es desolador. Diputados que balbucean incoherencias, proponen leyes absurdas o simplemente brillan por su ausencia en debates cruciales. Esta falta de calidad no es accidental; es el fruto amargo de un declive sistemático en el perfil de quienes entran en la política. Un Congreso poblado por oportunistas no solo falla en representar al pueblo, sino que socava las bases de una sociedad libre y próspera.

El punto de inflexión se remonta a inicios de este siglo, durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y Alfonso Portillo. Aquella era marcó el comienzo de una erosión moral en la clase política. Antes, aunque imperfecta, la arena pública atraía a políticos motivados por ideales. Pero el FRG inauguró una cultura de clientelismo y corrupción rampante, donde el poder se convirtió en botín personal. Desde entonces, el tipo de personas que ingresan a la política ha decaído drásticamente, llegando a lo peor: figuras ligadas al crimen organizado. 

Ahora, narcoalcaldes, narcodiputados y narcofuncionarios pululan en las instituciones. Han cooptado el poder local, curules y hasta ministerios, transformando el Estado en un instrumento para sus intereses ilícitos. El narcotráfico y el crimen organizado no solo financian campañas; dictan agendas. Mientras el dinero sucio fluye sin trabas, las instituciones se debilitan: la falta de justicia y la impunidad reinan. Este declive no es mera casualidad; es el resultado de un vacío que se ha llenado con lo peor de la sociedad. 

Justicia selectiva que favoreció al narco

Aquí entra el rol controvertido de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Creada para combatir redes criminales, terminó persiguiendo selectivamente a empresarios honestos y disuadiendo a la clase productiva de involucrarse. Bajo el pretexto de “limpiar” la política, la CICIG ahuyentó a financistas legítimos, que temían ser arrastrados en vendettas judiciales. ¿El resultado? Un éxodo de dinero limpio de los partidos políticos. Empresarios que podrían haber financiado campañas transparentes optaron por la abstención, dejando el campo libre al narco. Mientras la CICIG se enfocaba en elites económicas, el crimen organizado se convirtió en el principal financista de la política guatemalteca. Esa distorsión favoreció únicamente a los criminales. 

Las consecuencias son devastadoras. Un Congreso de baja calidad aprueba presupuestos inflados, ignora reformas importantes, como la apertura de mercados o la reducción de burocracia, y perpetúa un Estado hipertrofiado que asfixia la libertad económica. Guatemala languidece en índices de desarrollo, con instituciones capturadas que priorizan el soborno sobre el servicio público. ¿Cómo esperar progreso cuando los diputados responden a capos en lugar de a votantes? 

Este problema no se arreglará por sí solo. Requiere acción deliberada. Los guatemaltecos de bien —emprendedores, profesionales, ciudadanos honrados— debemos involucrarnos. Sí, con esfuerzo y riesgo: enfrentando amenazas, invirtiendo tiempo y recursos en partidos limpios, exigiendo transparencia y compitiendo por espacios. Solo así arrebataremos el poder a los corruptos, restaurando un Congreso que defienda la libertad.

Para algunos, el liberalismo es una ruta muerta, caduca, y se decantan por pragmatismos que rayan en el autoritarismo. Por el contrario, haber abandonado los ideales liberales es lo tiene sumida a la política guatemalteca —y la de muchos otros países— en la porquería.  

_{Lecturas de fin de semana:}