¡Buenos días!

Nueva dirigencia sindical. La conversación con Byron Ortiz reaviva controversias pasadas relacionadas con el exgerente Melvin Quijivix y el sindicalista Samuel Hernández.

México experimenta con la justicia. Un análisis de la reciente “elección popular” de jueces.

En línea. Devadit Barahona opina cómo ven a Guatemala en el campo tecnológico internacional.

Operan desde la sombra. Conozca quiénes son los diputados que también mueven los hilos en el Congreso.

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Nos encontramos el próximo domingo.

^{_{SECRETARIO GENERAL DEL STINDE}}

Byron Ortiz:

“La gestión de Melvin Quijivix ha sido la peor en la última década”

^{Por: Luis Enrique González y Braulio Palacios}

Byron Ortiz comenzó su participación sindical en 2012 como parte de una filial del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación (STINDE). Ahora es su secretario general.

Nos habla de Samuel Hernández, que acumuló 18 años de control sindical pese a acusaciones de falsificación. Las pérdidas millonarias por corrupción, donde resuena “Quijivix” y el desacuerdo en condonar la deuda eléctrica municipal de GTQ3600M.

¿Qué lo motivó a asumir el liderazgo sindical?

— La falta de atención gubernamental al INDE ha provocado un debilitamiento institucional y de participación. La baja participación del INDE (13 %) en el sector energético nacional es preocupante. En lugar de fortalecer la presencia del instituto en el mercado eléctrico, los gobiernos se han dedicado a la corrupción.

¿Cuál es el deterioro financiero del INDE?

— Hemos detectado deterioro financiero en proyectos innecesarios y en la falta de cobro de cuentas, especialmente a las empresas eléctricas municipales.

¿Ejemplos de proyectos innecesarios?

— La modernización de la planta hidroeléctrica Los Esclavos, con un costo actual de GTQ120M, no era prioritaria, pues la planta aún tenía vida útil de 10 años. La modernización se enfocó solo en el equipo, no en la capacidad de generación.

¿Otro caso de gasto innecesario?

— La hidroeléctrica Xalalá, en 2014, estuvo manchada por corrupción, según señalamientos contra las autoridades.

Ahí solo se hicieron estudios…

— Sí, solo los estudios.

¿De cuánto dinero hablamos?

— Se presume que desaparecieron GTQ144M.

¿Desaparecieron?

— Sí.

¿Otros casos relacionados con el deterioro financiero?

— La falta de cobro a las empresas eléctricas municipales. Deben, aproximadamente, GTQ3600M. GTQ1700M solo la municipalidad de Quetzaltenango.

¿Hay alguna iniciativa de ley para condonar estas deudas?

— Sí, hay una iniciativa de interés político para perdonar las deudas.

¿Cuál es la postura del sindicato?

— Nos oponemos a la condonación de deudas. Los alcaldes se excusan en el “mal servicio” del INDE, pero nuestros análisis técnicos demuestran lo contrario.

¿Propuesta del sindicato para el pago de la deuda?

— Aún no hemos definido una. Nuestra prioridad es detener la iniciativa de ley 6349. Ya hemos advertido a los diputados sobre una iniciativa similar que fue dictaminada inviable. La solución no es transferir el problema de una a otra institución.

¿Qué ocurrió durante la administración de Alejandro Giammattei?

— Hemos intentado contribuir con investigaciones y denuncias ante la Contraloría General de Cuentas.

¿Considera que la gestión de Melvin Quijivix ha sido la peor?

— Sí, de los últimos 10 años.

¿Cómo logró apoderarse del INDE?

— Él llegó hace muchos años prestando servicios de asesoría, lo que le permitió mapear la situación. En 2022, al asumir como presidente del Consejo Directivo, ya sabía cómo operar.

¿Cómo se conforma ese Consejo?

— Está compuesto por el ministro de Energía y Minas (presidente), SEGEPLAN (generalmente, vicepresidente), el ministro de Economía, y representantes titulares y suplentes de ANAM, cámaras empresariales y organizaciones sindicales...

¿Cómo se relaciona eso con la estructura de Quijivix?

— Los votos del gobierno siempre lo respaldaron, decisiones políticas al fin. Desconocemos cómo las cámaras empresariales y la ANAM se involucraron. Quijivix usó bienes intangibles, como estudios, para lograr sus objetivos.

¿Esos estudios no pasaban por el Consejo?

— No, muchos estudios no llegaban al Consejo por no alcanzar los montos requeridos según el reglamento.

¿Tienen un estimado del total invertido en esos estudios?

— Sí, tenemos los datos, obtenidos de información pública. No los recuerdo ahora.

¿Esos estudios pueden ser auditados por la Contraloría?

— En teoría sí, debe haber una copia en la biblioteca. Pero se cerró estratégicamente durante ese período. Estamos intentando recuperarla.

¿Los estudios se hacían o estaban sobrevalorados?

— Normalmente sobrevalorados y poco profundos. También creaban software inútil.

¿Hay algún estudio que consideraron escandalosamente caro?

— Sí, aunque no recuerdo uno específico ahora.

Usted menciona que la parte pública se “alineaba” a Melvin Quijivix, ¿y la parte sindical?

— Nunca hubo oposición, lo que sugiere algún favor político. El representante sindical, Samuel Hernández, tenía señalamientos múltiples, incluyendo un proceso abierto por falsificación.

Cuéntenos cómo estaba copada la representación sindical…

— Samuel Hernández llegó en 2007 a través del STINDE, donde trabajaba en la planta hidroeléctrica de Los Esclavos. Fue despedido entre 2012 y 2015 por supuesta falsificación de viáticos. Se le canceló el contrato en el Consejo, quedó sin cobertura sindical. Buscó amparo en sindicatos pequeños para mantenerse en el puesto durante casi 18 años.

¿Qué filiales le daban esa cobertura sindical?

— No eran filiales del STINDE, sino el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Chiquimulilla (Santa Rosa).

Ni siquiera eran del INDE, entonces…

— No, la ley no exige que el representante sindical sea del INDE, solo “representante de los trabajadores del país”. Se elige por votos.

Como en el caso de Samuel Hernández…

— Desde 1995, el reglamento de elección es laxo, sin fiscalización. El día de la designación siempre fue secreto, sin informes, solo anunciaban al ganador, que siempre era él.

¿Qué tipo de decisiones se observaron durante ese período de captura sindical?

— Proyectos que no beneficiaban al INDE, como el evento de coparticipación en generación a través de gas de 2022, donde se usaría la infraestructura del Instituto para una empresa privada a cambio de un 3-5 %.

¿Qué pasó con ese proyecto?

— Quijivix creó la Gerencia de Regulación, Mercado y Ambiente solo para obtener un dictamen que “legitimara” el proyecto, impactando negativamente las finanzas del Instituto.

Volviendo a lo de Samuel, ¿logró reelegirse mediante votos ilegales?

— Se ajustaban al que era afín, sin verificar la validez de las acreditaciones sindicales. Solo pedían los “papelitos” y los votos, sin más verificación.

¿Y cuál fue el papel de la Contraloría en esos años?

— Ninguno hasta una denuncia en 2019 por falsificación de acreditaciones sindicales.

¿Qué ocurrió entonces?

— En 2021, fue capturado con sellos y acreditaciones presuntamente falsas. Su juicio seguía abierto hasta diciembre del año pasado. Cambiaron al juez titular por una suplente, y su abogado logró un sobreseimiento, dejándolo sin cargos.

¿Y ustedes qué hicieron?

— Apelamos. En marzo, la Sala confirmó la resolución de la jueza.

¿Y se supo por qué el juez titular no conoció el caso?

— Estaba de vacaciones.

¿Qué dijo la jueza?

— Que no se le podía juzgar dos veces por el mismo delito, ya que varios sindicatos lo imputaban por falsedad material e ideológica. Además, argumentó que no se comprobó cómo falsificó.

¿Cuán apadrinado está Samuel en la parte política?

— Siempre ha venido de la UNE. Ha sido candidato a alcalde de Chiquimulilla en cuatro ocasiones y es precandidato para 2027. Está en la página de Sandra Torres.

¿Quién lo apadrina?

— El diputado José Inés Castillo, quien ha intensificado los ataques a la administración del INDE buscando despedir al gerente general.

¿El actual gerente general del INDE no era afín a Samuel?

— No, y por eso empezaron los ataques desde el Congreso, principalmente por Inés Castillo.

¿Cuánto daño ha causado esta representación sindical a la institución?

— 18 años de atraso en políticas institucionales, debilitamiento del INDE y un camino hacia su privatización. Nunca hubo propuestas claras. También se perdieron espacios como sindicatos: hay apatía. Otros sindicatos ya no quieren apoyar temas del INDE porque dicen que “solo vienen a ofrecer y nunca cumplen”.

¿Y qué pueden ofrecer ustedes?

— No podemos ofrecer dádivas, sino políticas y estrategias que alivien el bolsillo del guatemalteco: subsidios y participación del INDE para tarifas eléctricas accesibles. Queremos erradicar las malas prácticas del pasado, como la compra de votos.

¿Cuándo fue su juramentación?

— El viernes 30 de mayo.

¿Y cuál es su expectativa ahora?

— Que esta representación en el consejo del INDE sea útil para informar y diseñar políticas que ayuden a la clase trabajadora, y que el subsidio sea eficiente y justo.

¿Están de acuerdo con la tarifa social?

— Sí, aunque sabemos que implica un sacrificio financiero. Proponemos fortalecer la generación de energía para poder distribuir más. Antes, el subsidio cubría hasta 200 kWh, alcanzando a la clase media. Hoy, solo llega hasta los 100, dejando fuera a muchos hogares.

¿Por qué mantener el subsidio? ¿Por qué no usar esos fondos en generación?

— Ambas cosas pueden ir de la mano. El INDE compite con 173 generadores privados, y aunque no estamos en contra de la participación privada, queremos que el INDE se fortalezca e invierta para aumentar su participación en el mercado eléctrico. Mientras tanto, hay gente que necesita ese subsidio hoy.

^{Fotos: Vinizzio Rizzo/ República}

Suelen pasar desapercibidos en el hemiciclo. Rara vez toman la palabra y casi no figuran en los medios de comunicación. Sin embargo, eso no significa que carezcan de poder dentro del Congreso.

Por qué importa. El peso político de ciertos diputados puede ser determinante para que una iniciativa avance en la agenda legislativa o, por el contrario, se convierta en un obstáculo.

• Aunque el Congreso de la República está compuesto por 160 parlamentarios, todos elegidos para representar a la ciudadanía, en la práctica, son pocos los que realmente influyen en las decisiones. Aún menos son aquellos que logran ejercer ese poder desde un perfil bajo.

• En esta legislatura, al menos cuatro diputados ejemplifican esta estrategia de operar con bajo perfil, mientras mantienen un peso considerable en el Legislativo.

• Ellos son: Carlos López Girón y su hijo, Carlos López Maldonado; Julio López Escobar, sobrino de Roberto López, más conocido como el Rey del Tenis, y Felipe Alejos.

Lo indispensable. Carlos López Girón regresó al Congreso en 2024, luego de haber sido detenido por el caso Plazas Fantasma. Tras el cierre del proceso, volvió a postularse y recuperó la curul que había ocupado durante cuatro legislaturas, representando a Quiché.

• Su hijo, Carlos López Maldonado, ganó la reelección, pero esta vez no por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), sino por el partido Cabal. En la actualidad, lidera una de las facciones internas de esa agrupación, opuesta a la línea de Luis Aguirre, quien es el jefe de bloque.

• Julio López Escobar, también miembro de Cabal y cercano al grupo de López, representa al departamento de Huehuetenango. Es hijo de Julio López Villatoro, quien también debió dejar su curul tras salir a luz el caso de Plazas Fantasma, pero contrario a Girón, no tuvo los votos en el 2023 para volver al Congreso.

• Por su parte, Felipe Alejos ha sido diputado desde 2012 y es ampliamente reconocido como un operador político con incidencia en el sistema de justicia, principalmente, donde los procesos en su contra no avanzan.

En conclusión. Aunque muchos de estos diputados mantienen un perfil muy bajo, su capacidad de influencia dentro del Congreso es innegable. La discreción con la que actúan no debe confundirse con inactividad.

• Por el contrario, su poder se manifiesta en negociaciones clave, en el control de ciertas alianzas internas y en su habilidad para buscar inclinar la balanza legislativa, incluso, sin protagonismo mediático.

• Su poder no se mide en discursos encendidos en el hemiciclo, ni en entrevistas a medios de comunicación, tampoco en presentar iniciativas de ley. Su eficacia busca incidir en las decisiones importantes del Congreso.

• Eso sí, no toda su influencia en el Congreso se traduce en progreso; muchas veces, el verdadero obstáculo para avanzar proviene precisamente de quienes saben moverse sin ser vistos.

Resulta muy fácil para los políticos atribuirle al pueblo una mística soberanía. El gran error de aquellos ilustrados de los siglos XVIII y XIX fue equiparar el concepto de soberanía popular al derecho divino de los reyes. No lo es y nunca lo ha sido. El problema del absolutismo no es la fuente que legitima el poder, sino que la parte de “absoluto”. La Ilustración buscaba limitar esa característica absoluta, no trasladarla de unas manos a otras.

Bajo la falacia del “pueblo soberano” se esconde la destrucción del republicanismo. México está viviendo de primera mano uno de los más nocivos ejemplos de esa manipulación. La cuarta transformación que prometió AMLO se concretó con su reforma judicial y, ahora, todos los jueces serán electos popularmente. Para el 2027, no quedará un solo juez en México en su silla por su imparcialidad o compromiso con la justicia; se sentarán en ellas los ganadores de un certamen de popularidad.

Una de las principales diferencias entre la democracia y la república son los famosos frenos y contrapesos. Aunque ambas nacen del concepto de soberanía popular, en una república existen mecanismos de control a la “voluntad del pueblo”. Para eso existen las constituciones que, en esencia, son un compendio de principios y derechos que no pueden ser violados, incluso si la gran mayoría de la gente lo quisiera así. Nunca el clamor mayoritario de los ciudadanos puede imponerse a una serie de principios fundamentales; uno de ellos es la justicia. ¿Pero qué pasa cuando un juez ya no se debe a esa constitución, a esa justicia ciega, y pasa a deberse al capricho de los ciudadanos?

Justicia justa

La justicia no debe ser popular; la justicia debe ser justa. Es cierto que existen jueces activistas y corruptos, en México, en EE. UU. y, si hubiera jueces en Marte, en Marte también. Los tomadores de decisiones son igual de falibles que cualquier ser humano. No son superhombres y se guían los mismos incentivos e intereses personales que usted y que yo. Si asumimos que el papa no es infalible, no esperemos que lo sea un juez y menos en función de cómo llegó a su puesto.

Reconocer esto no supone, empero, una justificación para someter a los jueces a elección popular. Depurar el sistema judicial para buscar jueces más íntegros requiere de más mecanismos de control institucionales. Lo que estamos viendo en México no es eso, sino que el sometimiento de la independencia de los magistrados al apoyo de políticos u otros actores nefarios que les ofrezcan una plataforma para llegar el poder: ya sea una base de votantes, dinero para la campaña o ambos. En cualquier caso, someter a los tribunales a la elección popular no depura el sistema judicial de los vicios de la política; al contrario, lo plaga aún más.

Experimento popular

Hoy en día, el realismo mágico ya no es exclusivo de Iberoamérica. En algún momento, el flujo de las ideas cambió su ruta y, al igual que el Nilo, ahora fluye de sur a norte. Cada vez que algún juez bloquea alguno de los abusos de poder de Trump, el presidente y sus secuaces inundan la red social X con cuestionamientos que buscan desacreditar su autoridad, llamándolos “funcionarios no electos”. Lo que subyace es la idea de que las decisiones de los jueces son menos legítimas que las del presidente, por su falta de respaldo en las urnas.

México se montó al tren de un experimento popular dentro de la izquierda populista y EE. UU., bajo el régimen personalista de Trump, empieza a coquetear con la idea. El gran perdedor es el republicanismo y, por extensión, la ciudadanía. La democracia liberal, como la conocemos hoy, es más una república que una democracia directa. El populismo busca la supremacía de la “voluntad popular”, porque la masa es más fácilmente manipulable que el Estado de derecho. Por eso, la república siempre será preferible a la “democracia”, menos para los autócratas.

Con jueces electos popularmente, la república agoniza en las sombras de un camino de servidumbre que se fortalece por el mayor miedo de Alexis de Tocqueville: la tiranía de la mayoría.

_{Lecturas de fin de semana:}