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Sin propiedad, no hay prosperidad. En entrevista con República, el economista peruano Hernando de Soto advierte que el mayor obstáculo para el desarrollo en Guatemala y América Latina no es la falta de leyes, sino su incumplimiento. Con más del 70% de los activos fuera del sistema formal, millones de personas permanecen excluidas del capital y del crédito. “Sin propiedad, no hay integración al mundo moderno”, afirma.

Después del retorno: la historia de quienes vuelven a empezar desde cero. La historia de Gabriel es la de muchos guatemaltecos que un día tuvieron que volver sin saber por dónde empezar. Tras perder su negocio y ser deportado, regresó con miedo, cansancio y la sensación de haberlo perdido todo. Con el tiempo, encontró apoyo, escuchas y un espacio para sanar. Hoy entiende que regresar no fue un fracaso, sino el primer paso para reconstruirse y volver a creer en sí mismo.

Trump activa la guerra que no se libra con bombas, sino con miedo. En este análisis, Rafael P. Palomo examina cómo lo que comenzó como una operación antidrogas en el Caribe se transformó en una ofensiva multidimensional de Washington para forzar el colapso del régimen de Nicolás Maduro. Con un despliegue militar frente a las costas venezolanas y un marco legal que lo define como “narcoterrorista”, la Casa Blanca busca provocar una implosión interna sin declarar una guerra formal. En esta contienda silenciosa, el poder se mide en nervios, no en misiles.

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Hernando de Soto: “Sin propiedad no hay capital, y sin capital no hay desarrollo ni estabilidad social”

^{Por: Luis Enrique González}

El economista Hernando de Soto advierte que sin propiedad formal no hay capital, y sin capital no hay desarrollo ni estabilidad social. En esta entrevista, analiza el impacto de la informalidad, la desconexión política con la economía global y la urgencia de reconocer derechos de propiedad más allá de las fronteras. También reflexiona sobre el liderazgo, la integración internacional y el papel de la sociedad civil. La conversación se dio en el marco del foro "Propiedad y Desarrollo: Guatemala hacia un país de propietarios", organizado por el Observatorio de Derechos de Propiedad.

Doctor De Soto, usted conoce Guatemala desde hace más de 40 años. En su intervención destacó una conclusión contundente: la ley existe, pero no se cumple. ¿Cuál es su visión sobre el país en este contexto?

—Mire, el consuelo de nosotros, los tontos, como digo en broma con mis amigos, es que lo mismo ocurre en el Perú. Y no solo en Perú, sino en buena parte de América Latina. Es un fenómeno vergonzoso. África ya nos está sobrepasando en crecimiento y estabilidad. Si las cifras del Observatorio son correctas, y el 70% de los activos en Guatemala no están bajo un régimen formal de propiedad, estamos hablando de una economía donde la mayoría vive en posesión informal. Eso significa que no están integrados a la economía global ni a la revolución industrial. Son países de proletarios y artesanos operando en microempresas, y eso no lleva a la prosperidad.

¿Qué consecuencias trae esta falta de garantía sobre la propiedad?

—Si Guatemala es similar a lo que ocurre en Perú, Colombia o Venezuela, lo que viene es más autoritarismo. Cuando hay desorden, la gente tiende a elegir líderes con vocación dictatorial. Y eso se alimenta de una clase social resentida que empieza a tomar conciencia de su discriminación. No se trata de dar caridad, sino de otorgar los mismos derechos que tienen todos. Si no lo hacemos, se genera una clase subversiva inevitable. En cambio, cuando los que tienen propiedad permiten que otros accedan a los mismos derechos, se fortalece el orden social.

Siempre ha relacionado la formalidad con el derecho de propiedad. ¿Qué impacto tiene una economía informal tan alta en este tema?

—La propiedad es, en esencia, información. Es documentación que dice quién es usted y dónde está. Cuando usted usa una tarjeta de crédito, no está transfiriendo dinero, está transfiriendo identidad y ubicación. Eso genera orden. El valor nace del acuerdo entre personas sobre lo que poseen. No es solo una relación entre usted y su hectárea, sino entre usted y yo sobre nuestros derechos sobre esa hectárea. La propiedad permite que nos relacionemos dentro de la economía.

¿Podría dar un ejemplo concreto de cómo la propiedad impulsa el desarrollo?

—Recientemente, una empresa de Elon Musk nos invitó a colaborar en la titulación de asteroides y Marte. ¿Por qué? Porque él entiende que quien tiene la propiedad tiene el control. Si yo mando un cohete sin derechos sobre Marte, y Musk sí los tiene, él me lo quita. La propiedad define cómo nos movemos en el mundo. Y más allá de la tierra, permite usar activos como garantía para obtener crédito. En EE. UU., el 95% del capital de inversión proviene de títulos de propiedad, no del Estado. Si usted no le da propiedad al 70% de los guatemaltecos, los está privando de riqueza, crédito y capital. Está fomentando una revolución, no sé si en 100 años o en uno, pero es inevitable.

Mencionó que si no se logra resolver el problema de la propiedad dentro del país, se puede recurrir a mercados extranjeros. ¿Cómo funciona esa opción?

—Es una opción válida y cada vez más utilizada. Hoy, un guatemalteco o un peruano puede crear derechos de propiedad en Estados Unidos o Europa. Yo mismo he registrado mis libros y patentes fuera del Perú, y gracias a convenios internacionales, esos derechos están protegidos también dentro de mi país. Es un salto hacia afuera. Si los políticos no quieren perder poder local, entonces es la sociedad civil la que debe reaccionar.

Durante la conferencia se habló de que los guatemaltecos tienen una cultura jurídica distinta. ¿Cómo influye eso en el contexto global?

—Es cierto que tenemos culturas distintas, pero el mundo global no se va a adaptar ni al Perú ni a Guatemala. Nosotros debemos adaptarnos al consenso global. China lo entendió. Aunque mantienen su identidad, se han integrado al sistema occidental. TikTok es un ejemplo: es chino, pero funciona en todo el mundo. Si fueran “distintos” en el sentido de no adaptarse, no tendrían los resultados que tienen hoy.

¿Por qué en Latinoamérica seguimos teniendo leyes que no se cumplen?

—Hay varias razones. Primero, nos hemos quedado en el siglo XIX. En esa época, Estados Unidos era como nosotros ahora: invasiones, crimen, desorden. Pero ellos evolucionaron. Nosotros no hemos tenido élites con visión global. Además, nuestro sistema jurídico basado en el derecho romano crea estructuras verticales y complejas. Y culturalmente, nos sentimos cómodos en casa, somos afectivos, cercanos. Pero eso no basta. Estamos rezagados y descontentos. La evasión y la extorsión son síntomas de ese malestar.

Ha dicho que el mundo ya no se divide entre izquierda y derecha. ¿Cómo ve esa evolución ideológica?

—China es comunista, pero con un propósito capitalista. China ha demostrado que puede formar capital más rápido que EE. UU. Hoy tenemos dos modelos capitalistas: uno con fuerte intervención estatal (China) y otro con menos (EE. UU.). En cambio, Latinoamérica sigue atrapada en una polarización ideológica obsoleta. Es hora de mirar hacia afuera y ponerse al día.

¿Y por qué esa desconexión persiste en la clase política?

—En el caso del Perú, es por una mediocridad política espantosa. Nos hemos vuelto muy locales. Es un fenómeno que ocurre en países que se sienten satisfechos con logros pasados. Mire a los ingleses, franceses o estadounidenses: todos se descuidaron y hoy enfrentan consecuencias internas por no haber gestionado bien su diversidad y sus relaciones globales. Nosotros también nos hemos descuidado.

Para cerrar, ¿cuál es su libro más vendido?

—El Misterio del Capital. Ha vendido más de cinco millones de ejemplares. Es probablemente el libro de economía más vendido en América Latina, fuera del ámbito de la novela.

¿A qué atribuye ese éxito?

—Porque toca una fibra esencial: explica por qué los pobres tienen activos, pero no capital. Muestra cómo la propiedad formal transforma la economía. La gente lo entiende porque habla de su realidad. No es teoría abstracta, es práctica. Y porque plantea una solución: integrar a los excluidos mediante el reconocimiento de sus derechos de propiedad.

Fotos: El Comercio y La República

La pandemia dejó una huella profunda en la vida de Gabriel. Su empresa, que durante años fue el sustento de su familia, quebró por la falta de clientes y el cierre de negocios. Con pocas opciones y dos hijos que mantener, decidió migrar hacia Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades.

La travesía terminó pronto. Una semana después de haber cruzado la frontera fue detenido en McAllen, Texas, y deportado a Guatemala. Lo que siguió fue un proceso emocionalmente desgastante: el regreso, la incertidumbre económica y la sensación de haber fracasado. “Fue un golpe muy duro”, recuerda. “Sentí que todo lo que había construido se había venido abajo.”

Del retorno a la búsqueda de sentido

Como muchos migrantes retornados, Gabriel enfrentó un panorama difícil. Adaptarse nuevamente al entorno, buscar empleo y superar el impacto emocional no resultaron tareas sencillas. Fue entonces cuando escuchó, a través de un grupo de WhatsApp, sobre el proyecto Perspectivas, impulsado por Swisscontact con el apoyo de la Fundación Carlos F. Novella.

Ese fue un punto de inflexión. En el programa encontró talleres, acompañamiento psicosocial y formación en habilidades blandas. Pero sobre todo, halló un espacio seguro donde pudo hablar de lo que había vivido.

“Perspectivas es un proyecto muy humano, con toda la intención de apoyar a quienes enfrentamos estas realidades. Aquí encontrarán un lugar seguro”, afirma Gabriel.

El proceso lo ayudó a reencontrarse consigo mismo. Descubrió que muchas veces las personas —especialmente los hombres— callan por presión social, acumulando sentimientos de culpa o frustración. En los talleres comprendió que compartir experiencias y escucharse entre pares es una forma de sanar.

El acompañamiento como punto de partida

El primer paso fue el apoyo psicosocial. A partir de ahí, Gabriel empezó a reconocer la importancia de fortalecer su autoestima para luego pensar en su desarrollo laboral. Lo que antes veía como una derrota se transformó en una oportunidad para redefinir su camino.

Su testimonio refleja lo que busca el proyecto Perspectivas: que cada persona retornada recupere confianza, identidad y propósito antes de pensar en su reinserción económica.

La coordinadora de Perspectivas Guatemala, Diana Enríquez, explica que el programa trabaja bajo un Sistema de Reintegración que articula esfuerzos entre gobiernos locales, sector privado y sociedad civil. Su meta es crear oportunidades sostenibles que permitan a las personas retornadas reconstruir su vida en el país.

“La migración no termina cuando una persona regresa; empieza un nuevo proceso que requiere acompañamiento, formación y oportunidades reales. Con Perspectivas buscamos que las personas retornadas puedan reconstruir su futuro aquí, en su país, con dignidad y estabilidad”, señala Enríquez.

Una realidad que se mide en miles de historias

Guatemala continúa siendo uno de los países con mayor número de retornos migratorios en la región. Solo entre enero y junio de 2025 fueron repatriadas 41,637 personas, de las cuales 87% son hombres y 13% mujeres. La mayoría son adultos, aunque también se registraron 735 unidades familiares.

Los departamentos con más retornados son Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, Guatemala y Alta Verapaz, lo que refleja la dimensión territorial del fenómeno. Detrás de cada cifra hay una historia de búsqueda, pérdida y esperanza.

Para muchos, la reinserción laboral y social representa uno de los mayores desafíos. La falta de oportunidades, la discriminación y la inestabilidad económica suelen llevar a que algunas personas consideren nuevamente la migración irregular. En ese contexto, proyectos como Perspectivas buscan ofrecer alternativas reales para que quienes regresan puedan establecerse y desarrollarse en su propio entorno.

Un modelo integral para reconstruir

Perspectivas se implementa en varios municipios del país, como Quetzaltenango, Coatepeque, San Marcos, Palestina de los Altos, Cobán, Huehuetenango y Ciudad de Guatemala, y forma parte de un esfuerzo regional que abarca también Honduras y El Salvador.

El proyecto, financiado por la Cooperación Alemana a través del Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y ejecutado por la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) con el apoyo de Swisscontact, busca fortalecer las capacidades locales y fomentar la colaboración entre distintos sectores.

Sus principales ejes incluyen: Formación profesional y desarrollo de habilidades para el empleo y el emprendimiento, atención al bienestar emocional de las personas retornadas, creación de ventanillas municipales de atención a la migración y capacitación a servidores públicos y sensibilización al sector empresarial para promover la inserción laboral de migrantes retornados.

Volver a empezar

Para Gabriel, la experiencia con Perspectivas fue más que una capacitación: fue un proceso de transformación personal. “Aprendí a ver el retorno no como un fracaso, sino como una segunda oportunidad”, dice.

Hoy, sigue en proceso de reintegración y con la esperanza de encontrar una estabilidad que antes veía lejana. Su historia representa a muchos que, tras un retorno forzoso, logran convertir la incertidumbre en un punto de partida.

En un país donde la migración forma parte del tejido social, iniciativas como Perspectivas muestran que acompañar a los retornados no solo cambia vidas individuales, sino que también fortalece comunidades.

Cada historia como la de Gabriel demuestra que, incluso después de perderlo todo, volver puede ser el primer paso para reconstruir.

El fantasma de una guerra entre EE. UU. y Venezuela dejó de ser una exageración. Lo que empezó como una operación antidrogas en el Caribe se ha transformado en una arquitectura militar, legal y narrativa con objetivos mucho más profundos: forzar el colapso del régimen de Nicolás Maduro desde dentro.

El New York Times reveló esta semana que la administración Trump ha desarrollado opciones de acción militar que incluyen ataques directos contra unidades que protegen a Maduro y la toma de campos petroleros estratégicos. Aunque el presidente aún no ha decidido si proceder, varios de sus asesores impulsan ya el escenario más agresivo: su derrocamiento.

El argumento jurídico que lo sustenta es tan audaz como peligroso. El Departamento de Justicia prepara una guía que considera al mandatario venezolano un objetivo legítimo bajo la figura de “narcoterrorismo”, vinculándolo al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua. Esa clasificación, según Washington, elimina los límites tradicionales para usar fuerza letal contra jefes de Estado.

El despliegue militar habla por sí solo. Un portaaviones, tres destructores, drones Reaper y cazas F-35B rondan frente a las costas venezolanas bajo la justificación de cortar rutas del narcotráfico. Empero, la magnitud del operativo sugiere un plan de guerra limitada más que una simple campaña de interdicción.

Una guerra que se libra también en el terreno del relato

La narrativa construida desde Washington combina elementos reales y percepciones útiles. Como advierte el investigador David Smilde, el discurso que presenta a Maduro como jefe de una estructura narco-terrorista que “invade EE. UU. con cocaína” no solo refuerza el sustento legal de una intervención, sino que reconfigura el conflicto como un asunto de defensa nacional estadounidense, no de política exterior.

Esa distinción le permite a Trump operar sin declarar formalmente la guerra ante el Congreso —una maniobra que recuerda los precedentes de la Alien Enemies Act o la doctrina empleada para justificar los bombardeos a lanchas en aguas internacionales.

Pero, al mismo tiempo, dentro y fuera de Venezuela, la percepción se divide. María Corina Machado, galardonada recientemente con el Nobel de la Paz, defiende dicha presión militar como “el único camino para liberar al país”. Los más escépticos la acusan de jugar con fuego y de alentar una intervención extranjera que podría devastar Venezuela sin garantizar la salida del régimen.

En la historia contemporánea, no existe un solo caso en el que bombardeos aéreos por sí solos hayan provocado un cambio de régimen exitoso. Ni en Libia ni en Irak ni en Siria. Los ataques pueden desarticular estructuras, pero no reemplazan el poder.

El patrón que emerge recuerda a dos operaciones: la captura de Manuel Noriega en Panamá (1989) y el asesinato de Qasem Soleimani en Irak (2020). En ambos casos, Washington combinó la presión económica, la legitimidad discursiva y la acción militar precisa para eliminar un obstáculo sin ocupar el país. Esa parece ser la lógica actual: no invadir, sino decapitar.

Trump no busca una guerra larga —los resultados serían devastadores para su popularidad— sino una demostración de poder que precipite una implosión interna. Lo que pretende es que la amenaza creíble y, eventualmente, un golpe quirúrgico, empuje a los mandos medios del chavismo a negociar o entregar al presidente.

Y puede que funcione. El régimen de Maduro depende de una lealtad comprada con privilegios cada vez más costosos. Si la guerra deja de ser hipotética y se convierte en una posibilidad tangible —con la CIA autorizada a intervenir, los puertos bloqueados y los generales mirando hacia Miami—, la traición podría volverse más rentable que la obediencia.

La guerra que quizá nunca ocurra ya empezó: la de los nervios dentro de Miraflores y, en esa, Trump lleva ventaja.

_{Lecturas de fin de semana:}