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El desafío ambiental en Guatemala es estructural y acumulado. El desafío ambiental en Guatemala es estructural y acumulado. Con más de cuatro décadas en la gestión ambiental, Enma Díaz repasa los hitos desde CONAMA y CONAP hasta AMSA. Advierte que estos retos responden a problemas de fondo y requieren decisiones de Estado y acción colectiva.

¿La familia cambia en Guatemala? En el marco del Día del Matrimonio, la disminución de uniones y el aumento de divorcios reflejan nuevas formas de asumir compromisos. Factores económicos, sociales y legales están redefiniendo el modelo familiar.

Cambio en el MP abre opción de recuperar credibilidad. En su análisis, Alejandro Palmieri plantea que la transición del 17 de mayo en el Ministerio Público debe cerrar un ciclo de presiones y desmoralización interna. Sostiene que el reto es que la institución retome legalidad y profesionalismo para fortalecer su lucha contra el crimen y la corrupción.

Enma Díaz: Falta identidad con los bienes naturales

Por: Luis Enrique González

Bióloga y científica, con más de cuatro décadas de experiencia en el Estado y en organismos internacionales, la doctora Enma Díaz ha sido testigo y protagonista de la construcción de la institucionalidad ambiental en Guatemala. Desde parques nacionales y la creación de CONAMA y CONAP, hasta la representación del país en foros globales y su actual gestión al frente de AMSA, su trayectoria permite leer la historia ambiental del país desde dentro. En esta conversación repasa los hitos, los avances y los retrocesos, y ofrece un diagnóstico crítico del momento ambiental que vive Guatemala. Su conclusión es clara: la crisis actual es acumulada, estructural y requiere acción colectiva y decisiones de largo plazo.

¿Cuál es su trayectoria, doctora Díaz?
—Empecé a trabajar en parques nacionales en 1980, cuando este tema estaba bajo la tutela del Instituto Nacional Forestal, INAFOR, que dependía del Ministerio de Agricultura. Era un instituto con cierta autonomía y ahí estuve hasta 1986. Luego me trasladé a la Comisión Nacional del Medio Ambiente.

¿Qué significó llegar a CONAMA en ese momento?
—CONAMA fue la primera plataforma ambiental formal del país, creada en 1986. Entré como asesora en el tema de diversidad biológica, y eso hizo que me tocara representar a Guatemala cuando aún no existían las convenciones internacionales. Primero trabajamos la estrategia nacional de diversidad biológica y luego la estrategia regional. Participé en los comités ad hoc a nivel internacional.

Estuvo en momentos fundacionales a nivel global.
—Me tocó la primera reunión del comité ad hoc de diversidad biológica en Nairobi. Ahí se constituyó formalmente el comité y, a partir de eso, representaba al país en ese tema. Era un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad.

¿Por qué una gran responsabilidad?
—Porque Guatemala muchas veces iba sola. En otros países participaban Cancillería, el ministerio correspondiente y abogados. Eso fortalece muchísimo. Ahí se toman decisiones técnicas y políticas, se vota, se respaldan posiciones. Llevar una visión país sin ese acompañamiento institucional es complejo.

¿Cómo influyó esa etapa en su carrera?
—Fue un crecimiento profesional enorme, porque uno se foguea en grandes ligas. También tuve el privilegio de que las autoridades confiaran en mi capacidad profesional. Eso marcó mi trayectoria.

Desde CONAMA se empieza a gestar CONAP.
—Sí. En 1987 ya se visibilizaba la creación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. En 1989 sale el decreto de creación de CONAP, y por haber estado en parques y en CONAMA, me integraron al proceso de creación de la ley.

¿Cómo fue ese proceso?
—Se conformó un grupo importante de profesionales. Abogados como Noé Ventura, técnicos, académicos. Éramos pocas personas, pero había claridad. Tuve el privilegio de participar directamente en el marco jurídico.

¿Guatemala iba adelantada en conservación?
—En algunos aspectos, sí. Desde el siglo XIX ya existía la intención de conservar áreas. La finca La Aurora, por ejemplo, era toda un área verde extensa; el aeropuerto ni siquiera existía. Era una visión muy avanzada para su época.

Suele pensarse que la conservación es reciente.
—No lo es. Antes de Yellowstone ya existían áreas de conservación en el mundo. Estados Unidos sistematiza el concepto, pero las iniciativas vienen de mucho antes. En Guatemala también.

Con la Ley de Áreas Protegidas se consolida el sistema.
—La ley reconoce las áreas ya existentes y establece nuevas áreas estratégicas. Aparecen volcanes, ecosistemas especiales, territorios de interés nacional. El objetivo era tener muestras representativas de los ecosistemas del país.

¿Qué protege esa ley?
—Protege la vida marina, lacustre, terrestre y aérea. Todo lo que se mueve en el mar, en los ríos, en la tierra y en el aire. Se estima que alrededor del 33 % del territorio nacional quedó bajo algún régimen de conservación.

Guatemala incorpora una categoría propia.
—Incluimos la categoría de biotopo, que no existe en la categorización de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Es un legado de Mario Dary, quien fue mi catedrático y un pionero ambientalista.

¿Dónde se conserva mejor el bosque hoy?
—En las áreas protegidas, sin duda. La Reserva de la Biosfera Maya, pese a todos sus problemas, sigue siendo una de las mayores extensiones forestales, aunque ha perdido cobertura aceleradamente por invasiones y cambio de uso del suelo.

¿Y otros ejemplos?
—La Sierra de las Minas es clave. Produce al menos dieciocho ríos. Es una máquina productora de agua.

Después de CONAP, ¿cómo continúa su carrera?
—La mayor parte de mi vida la hice en el Ministerio de Ambiente. Fui dos veces viceministra y dos veces secretaria ejecutiva de CONAP. También fui enlace técnico del Corredor Biológico Mesoamericano, contratada por la GTZ.

¿Qué significó ese proyecto?
—Logramos dejar una unidad institucionalizada con presupuesto dentro del ministerio. Eso me satisface mucho, porque son logros que trascienden administraciones.

Su trayectoria combina Estado y cooperación.
—Sí. He trabajado con FAO, PNUD, GTZ, BID, Energía y Minas, Comunicaciones y SEGEPLAN. Muchos años como consultora, a nivel nacional e internacional.

Usted se define como científica.
—Lo soy. Mi tesis como bióloga fue sobre los efectos hemorrágicos y mionecróticos de serpientes venenosas de Guatemala. Buscaba un antídoto más efectivo. Me tomó dos años y se quedó archivada, dice con tono de desilusión.

Con esa experiencia, ¿cómo ve hoy al país?
—No son las mismas selvas donde yo hacía conteo de guacamayas en Petén. Los volcanes están deforestados, quemados, sembrados. El cambio ha sido acelerado y no para bien.

¿Qué está detrás de ese deterioro?
—La deforestación. Estudios concluyen que en Guatemala es más peligrosa que el cambio climático. Es un ciclo: cambio de uso del suelo, incendios, pérdida acelerada de ecosistemas.

¿Y la responsabilidad?
—Nos gusta transferirla. Decimos que es culpa del gobierno, de los de arriba, de otros. No asumimos lo que nos corresponde. Falta identidad con los bienes naturales.

¿Cómo se refleja eso?
—En el uso del agua, por ejemplo. Pagamos por el servicio, no por el recurso. Usamos el agua para todo y aun así no la cuidamos.

Usted impulsó las concesiones forestales comunitarias.
—Sí. Cuando fui secretaria ejecutiva de CONAP se crearon. La lógica era clara: si usted no le da valor al bosque para las comunidades, no va a lograr que lo conserven.

¿Funcionan?
—Funcionan muy bien. Integran manejo forestal, chicle, xate y pimienta. A nivel internacional han replicado el modelo.

Hoy dirige AMSA. ¿Cómo llega a esta institución?
—Fue un proceso que parece fortuito. Me empecé a involucrar en residuos sólidos, tomé cursos, hice una visita a Taiwán en 2017 sobre manejo de desechos. Luego, por coincidencias profesionales, la vicepresidenta Karin Herrera me invitó.

¿Qué representa AMSA para usted?
—Es el reto más grande de mi vida. El vertedero y el lago representan una crisis nacional. Aunque no siempre se vea, se han logrado cambios importantes. Esto no es gasto público, es inversión de largo plazo.

¿Qué necesitaría Guatemala para revertir el daño?
—Decisiones de Estado, acción colectiva y visión de largo plazo. No solo demandar, sino preguntarnos qué hacemos desde casa. El día que hagamos eso, empezaremos a cambiar la historia ambiental del país.

Fotos: Luis Enrique González / República

Gérman Gómez
El “sí, acepto” pierde terreno en Guatemala
754 palabras | 4 minutos de lectura

La familia en Guatemala vive un proceso de cambio. El matrimonio, que durante décadas marcó el inicio de la vida adulta, pierde fuerza. Las últimas estadísticas del Registro Nacional de las Personas (Renap) lo confirman. Entre los factores que influyen están el contexto económico y la presión social por vivir en soledad o sin vínculos afectivos entre personas.  

En este sentido, las nuevas generaciones replantean el compromiso del noviazgo y el matrimonio. El Día del Matrimonio, que se celebra el 27 de abril, y el Día de la Familia, 15 de mayo, invitan a reflexionar sobre el rumbo del país. Además de analizar los retos demográficos. 

Los datos del Renap evidencian una tendencia: en 2021 se registraron 110 832 matrimonios. En 2022 la cifra bajó a 104 594. En 2023 descendió a 93 950. En 2024 alcanzó 89 327. En 2025 hubo un leve repunte con 90 068 matrimonios. A pesar de esta ligera recuperación, la caída acumulada en el período resulta significativa. El país registra una reducción de casi 19% en apenas cuatro años. 

La familia entra en una nueva etapa

El divorcio muestra una tendencia opuesta. En 2021 se registraron 10 848 divorcios. En 2025 la cifra subió a 11 990. El aumento parece moderado, pero mantiene una trayectoria constante al alza. Estos datos no incluyen las separaciones de hecho. Muchas parejas se separan sin formalizar el proceso legal. Por lo tanto, la magnitud real del fenómeno puede ser mayor. 

El contraste entre menos matrimonios y más divorcios refleja una transformación cultural. El matrimonio ya no funciona como vínculo. Por el contrario, las parejas evalúan su situación antes de tomar una decisión. Factores económicos, expectativas personales y estabilidad emocional influyen en el proceso. La formalización tarda más que antes. 

Antes, casarse representaba un paso significativo hacia la adultez. Hoy, el escenario es negativo: las personas priorizan otros objetivos. Buscan estabilidad financiera. Quieren consolidar su desarrollo profesional. Evalúan la compatibilidad de la pareja. El matrimonio se convirtió en una decisión más reflexiva. 

El costo del divorcio varía según el nivel de conflicto. Un divorcio por mutuo acuerdo puede costar entre Q5 mil y Q8 mil. El proceso suele ser rápido. Puede resolverse en semanas si no hay hijos ni bienes en disputa. En cambio, un divorcio contencioso implica más gastos. Requiere audiencias. Puede durar meses o incluso años. En algunos casos llega a instancias superiores. 

El marco legal también influye. En Guatemala, la ley exige un año de matrimonio antes de solicitar el divorcio. Este requisito condiciona muchas decisiones. Algunas parejas esperan ese plazo para disolver la unión. Otras optan por no casarse para evitar restricciones futuras. La estructura legal no siempre responde a las nuevas dinámicas sociales. 

El costo del divorcio varía según el nivel de conflicto. Un divorcio por mutuo acuerdo puede costar entre GTQ 5000 y GTQ 8000. El proceso suele ser rápido. Puede resolverse en semanas si no hay hijos ni bienes en disputa. En cambio, un divorcio contencioso implica más gastos. Requiere audiencias y puede durar meses o incluso años. En algunos casos llega a instancias superiores. 

Las causas del divorcio aparecen definidas en el Código Civil. La infidelidad ocupa un lugar central. También destacan los malos tratos, las disputas constantes y las ofensas graves. El abandono del hogar, la negativa a cumplir obligaciones y los problemas de adicción figuran entre los motivos legales. Estas causas muestran que el conflicto dentro del hogar resulta determinante. 

Las nuevas generaciones muestran otro comportamiento. Postergan el matrimonio. Priorizan estudios y trabajo. Exploran modelos de convivencia distintos; el más sonado es vivir como novios. Esto genera que la presión social disminuya. La tendencia nacional coincide con los cambios globales que están en contra de la familia. 

El contexto demográfico refuerza esta idea. La tasa de natalidad en Guatemala disminuye. El promedio de hijos por mujer bajó de más de tres a cerca de dos. El país se acerca al nivel de reemplazo poblacional. Este cambio impacta la estructura familiar. Menos hijos implican hogares más pequeños. 

A pesar de los cambios, la familia mantiene su papel central. La Constitución reconoce su importancia. El Estado garantiza su protección social, económica y jurídica. Además, el país ha promovido leyes que refuerzan el valor de la vida y la familia. Estas normas buscan fortalecer el núcleo familiar frente a los desafíos actuales. 

El Día del Matrimonio y el Día de la Familia ofrecen una oportunidad para analizar esta realidad. Las cifras no anuncian el fin de la familia. Indican una transformación. La familia se adapta a nuevas condiciones, aunque no son las favorables. 

ANÁLISIS

Alejandro Palmieri

MP: Mucho más que el fiscal general

A partir del 17 de mayo, el Ministerio Público iniciará una nueva etapa. Ese día concluye el mandato de la actual fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, y asumirá el nuevo titular designado por el presidente de la República. Esta transición representa una oportunidad histórica para la institución; para toda su gente. 

Los servidores públicos tienen la obligación ineludible de respetar la ley, independientemente de que el MP sea una institución verticalmente organizada, donde la jerarquía es clara y necesaria para garantizar la unidad de acción en la persecución penal. El MP se integra por una estructura jerárquica y funcional que abarca múltiples niveles y cargos. En la cúspide se encuentra el fiscal general, pero el MP es mucho más que eso. El MP lo integran los fiscales regionales,  los fiscales de sección, los fiscales municipales, los fiscales adjuntos o encargados, los agentes fiscales, los auxiliares fiscales y los secretarios.  

Paralelamente, en el área técnica y de investigación, laboran los equipos de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, la Dirección de Análisis Criminal, la Unidad de Métodos Especiales, la Oficina de Protección de Sujetos Procesales y las unidades de peritajes y extinción de dominio. En el área administrativa y de soporte se encuentran la Dirección Administrativa, el Departamento de Recursos Humanos, la Dirección Financiera y de Servicios Generales, el Departamento de Seguridad, las unidades de Planificación, Capacitación, Tecnología de la Información y Servicios Generales, así como analistas, técnicos, secretarias, conductores y personal de apoyo en todas sus categorías.  

En total, más de 13 000 servidores públicos —desde los niveles directivos hasta el último colaborador— integran esa importante institución.  

Durante por lo menos 16 años, la labor del MP ha estado sujeta a distintas presiones externas e internas; el lawfare ha sido, en mayor o menor medida, una constante. Esas presiones han erosionado la imagen pública del MP, pero, lo que es más grave, han desmoralizado a los trabajadores honestos a todo nivel. Muchos han sentido que su esfuerzo diario, su vocación de servicio y su compromiso con la verdad se veían opacados por controversias ajenas a la esencia de su función. 

Eso debe terminar. El 17 de mayo marca un nuevo inicio que exige un compromiso renovado con los valores institucionales: legalidad, imparcialidad, transparencia y profesionalismo. La verticalidad del MP no es un obstáculo para el respeto a la ley; al contrario, es el mecanismo que asegura que las decisiones se tomen con unidad y coherencia en todo el territorio nacional.  

Cada fiscal regional, cada agente fiscal, cada analista del área técnica, cada agente de seguridad y cada colaborador administrativo debe actuar con la certeza de que su trabajo contribuye directamente al fortalecimiento del Estado de derecho. La transición no implica un cambio de rumbo arbitrario, sino un retorno a los principios fundacionales del MP. Se debe dejar atrás la desmoralización y recuperar el orgullo de pertenecer a una institución que, a pesar de todo, ha avanzado, cuando menos, en cobertura a los 340 municipios del país.  

Se debe respetar la cadena de mando, pero, sobre todo, respetar la Constitución y las leyes. La verdadera fortaleza del MP no radica en la ausencia de críticas, sino en la capacidad de sus servidores de responder a ellas con trabajo honesto, ético y eficiente. 

El futuro del Ministerio Público depende de cada uno de todos los niveles antes enumerados, de los 13 000 funcionarios y trabajadores. El 17 de mayo no es solo un cambio de liderazgo; es el momento en que, como institución, se decida cerrar el ciclo de presiones y lawfare, para abrir uno de profesionalismo, credibilidad recuperada y, sobre todo, lucha frontal contra el crimen, la corrupción y el abuso de poder. 

_{Lecturas de fin de semana:}