¡Buenos días!

De fiscal de extorsiones a viceministra contra el narco. Con más de dos décadas en el servicio público, Claudia Palencia pasó de perseguir casos de extorsión en el MP a liderar estrategias contra el crimen organizado desde el Ministerio de Gobernación. Aunque admite que soñó con terminar su carrera en la fiscalía, hoy descarta aspirar al cargo de Fiscal General.

La fila virtual que nunca alcanzó. Miles de aficionados quedaron fuera del esperado partido Guatemala–El Salvador, mientras las entradas se agotaban en minutos y aparecían a precios inflados en redes sociales. Fanaticks y la FEDEFUT atribuyen la situación a la alta demanda y a compromisos con patrocinadores, pero los números no cuadran y los reclamos crecen. Entre frustración, sospechas y reventa, la confianza en el sistema de boletería está en juego.

Partidos franquicia: política con distinto nombre, mismo fondo. Maite Rayo analiza cómo en Guatemala, los partidos políticos se han transformado en “franquicias”: estructuras que cambian de nombre pero mantienen a los mismos actores. Esta dinámica, descrita por el politólogo Jonathan Lemus, muestra cómo el sistema electoral se distorsiona al privilegiar vehículos temporales para candidaturas, lo que fragmenta la gobernabilidad y proyecta una ilusión de renovación política que en realidad es más apariencia que cambio real.

^{_{QUINTA VICEMINISTRA DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN}}

Claudia Palencia:

“No estoy pensando en regresar al Ministerio Público”

^{Por: Luis Enrique González}

Claudia Palencia es abogada penalista, formada en la Universidad de San Carlos, con una trayectoria de más de dos décadas en el servicio público. Se especializó en la persecución de la extorsión desde el Ministerio Público, donde trabajó durante nueve años en la Fiscalía de Extorsiones. Actualmente, se desempeña como quinta viceministra de Gobernación, liderando estrategias contra el crimen organizado y el narcotráfico. Aunque reconoce que su sueño fue terminar su carrera en el MP, afirma que hoy no aspira a ser fiscal general.

Viceministra, antes de conversar de su carrera profesional, háblenos de su entorno familiar

— Mis padres no tuvieron estudios universitarios, pero fueron personas muy trabajadoras. Mi mamá fue especialmente estricta con el tema de la educación. Ella me dio la oportunidad de estudiar, y yo sentía que tenía la obligación de responderle en el tiempo establecido. No aceptaba que dejara clases o que perdiera cursos. Esa exigencia fue clave para que yo me mantuviera enfocada.

¿Cómo fue su paso por la universidad? ¿Qué la motivó a estudiar Derecho?

— Soy egresada de la Universidad de San Carlos. Entré en 1999 y me gradué en 2005. Desde el inicio, el Derecho penal fue lo que más me atrajo. Antes de entrar a la universidad, estudié secretariado bilingüe. Cuando hice los preuniversitarios, me salieron varias opciones: periodismo, derecho y antropología. Al final, me decidí por Derecho porque sentí que era lo mío. Me dediqué exclusivamente a estudiar. Estaba en la jornada de la tarde. Fui muy aplicada, porque sabía que era una oportunidad que me estaba dando mi familia.

¿Cuál era su fuerte en la universidad?

— Derecho penal. Siempre fue lo que más me gustó. En cambio, derecho notarial no me agradaba. Los protocolos, la escritura… no era para mí. Lo encontré muy sistemático, muy rutinario. Tuve una clase el primer año y supe que no era lo mío.

¿Recuerda a algún catedrático que haya marcado su formación?

— Recuerdo al licenciado Landelino Franco, que era laboralista. En la San Carlos tuve muchos profesores que luego fueron magistrados o figuras públicas. Pero no fui muy sociable. No me aferraba a los catedráticos ni buscaba reconocimiento. Era más bien reservada.

¿Cómo se describe en cuanto a personalidad? ¿Tiene un carácter fuerte?

— No diría que tengo un carácter fuerte, pero sí soy muy estricta. Respeto profundamente la normativa, la ley, la institucionalidad. Para mí, eso es vital. Soy estricta conmigo misma y también espero lo mismo de quienes trabajan conmigo.

¿Cómo fueron sus inicios profesionales antes de llegar al MP?

— Comencé como abogada en una asesoría sobre niñez desaparecida durante el conflicto armado en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Luego trabajé en el Centro de Análisis Forense. Después pasé a la Fundación Sobrevivientes, donde fui abogada litigante en el área penal, trabajando casos de violencia sexual, femicidio y niñez víctima. Estuve en la cooperación canadiense, trabajando a nivel regional en temas de procesamiento de escena del crimen en El Salvador, Honduras y Guatemala. Fue una etapa muy enriquecedora.

¿Cómo llegó al Ministerio Público?

— Apliqué a una convocatoria para el puesto de Auxiliar. Me asignaron a la Fiscalía de Delitos contra la Vida, como litigante. Me colocaron en una agencia especializada que realizaba persecución estratégica contra la pandilla del Barrio 18.

¿No le asustó trabajar con casos tan delicados?

— Al principio sí. Nunca había trabajado directamente con temas de pandillas. Pero me fascinó. La primera audiencia que tuve fue con integrantes del Barrio 18. Fue a la semana de haber ingresado al MP. Y desde ese momento supe que eso era lo mío.

¿Qué es lo más complicado para un abogado penalista en ese tipo de casos?

— Elaborar los escritos acusatorios. Cada palabra debe estar fundamentada y respaldada con medios de prueba. Eso es lo más complejo. Lo más gratificante es cuando el juez toma tus argumentaciones para emitir la resolución.

¿Hay algún caso que recuerde especialmente?

— Sí, el primero que tuve: el asesinato de Rafael Licardi. Fue un caso muy mediático. Él vivía en la zona del Limón y trabajaba en prevención del delito, ayudando a adolescentes y niños para que no ingresaran en las pandillas. Lo habían atentado varias veces, pero insistía en seguir ahí. Podríamos decir que ofrendó su vida por ayudar a otros. Fue donde vi que la prueba científica puede hablar por sí sola. Ese proceso me marcó y me ayudó a definir que realmente era en la fiscalía donde yo quería estar.

¿Cuánto tiempo estuvo en esa fiscalía?

— Aproximadamente un año y medio, hasta que en 2014 se creó la Fiscalía de Extorsiones y me trasladaron.

¿Qué significó trabajar en la Fiscalía contra las Extorsiones?

— Fue una etapa muy intensa. Uno se termina especializando en los temas, y realmente aprende el fenómeno. No me veía en otro lugar. Ahí estaba cómoda. Cada caso era diferente. No había espacio para la rutina. El trabajo era constante, y los recursos humanos eran insuficientes, pero el compromiso era total.

¿Qué tipo de casos manejó en esa fiscalía?

— Muchos. No puedo mencionar nombres ni empresas, pero trabajamos con múltiples compañías para generar alertas, prevenir ataques y desarticular estructuras criminales. Hubo casos en los que logramos salvar vidas. Empresas que se liberaron de la extorsión gracias al trabajo conjunto. Si leen esta nota, seguro levantarán la mano y dirán “yo fui uno de esos casos”.

¿Cómo manejaba emocionalmente las llamadas de extorsión?

— Uno desarrolla una resiliencia propia. Como un médico que atiende enfermedades sin quebrarse. Escuchar las llamadas se vuelve parte del trabajo. Uno aprende a separar la emoción del análisis. Esa serenidad es la fuerza que uno debe proyectar a la víctima.

¿Qué fue lo más difícil de trabajar en extorsiones?

— La carga emocional. Saber que detrás de cada expediente hay una familia, una historia, una amenaza real. Pero también la satisfacción de saber que se puede intervenir, que se puede proteger, que se puede prevenir.

¿Qué medidas considera efectivas para combatir la extorsión desde el sistema penitenciario?

— El bloqueo de señales celulares es fundamental. No debería tomar tanto tiempo. El problema es presupuestario, pero no es tan caro como se cree. Además, se ha iniciado la renovación del sistema penitenciario: escáneres corporales, escáneres de paquetería, prohibición de encomiendas, distribución de kits de limpieza. Muchos critican esto último, pero si no se les da, los privados de libertad dependen de lo que venga de afuera, y eso puede traer riesgos.

¿Qué impacto han tenido estas medidas?

— Se puede medir, aunque ese tema ya no está bajo mi responsabilidad directa. Lo que sí puedo decir es que los motines reflejan la presión que generan estas medidas. Hay resistencia al cambio, especialmente cuando se aíslan a los cabecillas.

¿Cómo evalúa la evolución del fenómeno de la extorsión?

— Antes, el delito más común era el secuestro. Pero desde los centros carcelarios, las estructuras criminales comenzaron a ver que extorsionar era más rentable. Alquilar a un sicario, ejecutar a una persona para exigir dinero, todo eso se volvió más fácil con un celular. Ya no necesitaban salir ni correr riesgos físicos. Desde una celda podían operar. Muchas estructuras mutaron hacia la extorsión. Hace años dejó de ser una acción exclusiva de las pandillas. Es un fenómeno más amplio, más complejo.

¿Qué papel juegan los llamados “imitadores”?

— Los empezamos a identificar mucho antes de 2013. Aunque no se les llamaba así en ese momento, a partir de 2014 se les empieza a denominar “imitadores”. Son estructuras que hoy se identifican como Barrio 18, mañana como MS, y así cambian según el día. No tienen una identidad fija. Se adaptan. Gracias al trabajo de la División Antipandillas y de la fiscalía, hemos desarrollado capacidades para distinguir entre imitadores y pandillas reales. Eso nos permite asesorar mejor a las víctimas.

¿Qué debe hacer una persona que recibe una llamada de extorsión?

— Lo principal es comunicarse con la autoridad: Policía Nacional Civil o el Ministerio Público. Muchas veces, la víctima genera información sin darse cuenta durante la llamada. El extorsionista puede decir “ya supe que fuiste a la policía”, y aunque lo diga como táctica común, la víctima lo interpreta como una amenaza real. Por eso es vital que se acerquen a denunciar y dejen el siguiente paso en manos de los expertos.

¿Cómo lograr que la ciudadanía confíe en las autoridades para denunciar?

— Es difícil. Hay miedo, hay desconfianza. Algunas personas dicen: “yo fui a la comisaría y al rato parecía que había complicidad”. Eso desalienta. Pero también hay que entender que muchas veces el extorsionista juega con la mente de la víctima. Le dice cosas que parecen ciertas, y eso genera más temor. Por eso insistimos en que la denuncia debe hacerse. Y que el proceso lo manejen quienes están preparados para ello.

¿Qué mensaje quiere trasladar a la población sobre su gestión actual?

— Que estamos aquí para servirles. Tenemos la línea 1577, la línea antinarcótica, donde pueden dar información anónima. No es para ratificar denuncias, sino para que nos digan: “en tal lugar están vendiendo droga” o “a mi hijo le ofrecieron algo en el colegio”. Nosotros verificamos esa información y actuamos. Todo se hace en coordinación con el Ministerio Público. Queremos que la población sepa que estamos presentes, que pueden confiar en nosotros.

¿Qué reglas impone a las personas que la rodean?

— Primero, la lealtad y la honestidad. En el quinto vicedespacho, la reserva de los asuntos es vital. La lealtad no es hacia mí como persona, sino hacia la institución.

¿Por qué considera que la lealtad es tan importante?

— Porque es una forma de respeto. En cualquier relación —sea laboral, familiar, amorosa—la lealtad es el cimiento de la confianza. Y en el trabajo, es actuar con ética, con responsabilidad, con sentido de pertenencia.

¿La lealtad tiene límites?

— Sí. Hay momentos en los que la lealtad puede entrar en conflicto con otros valores. Siempre priorizo la institución. Los funcionarios públicos somos temporales, pero debemos dejar algo positivo.

¿Se considera una persona especial por todo lo que ha logrado?

— No. Me considero afortunada. He tenido la oportunidad de desarrollar mis capacidades, y esas capacidades se han podido ver reflejadas en los cargos que he ocupado.

¿Qué le dejó el Ministerio Público?

— Me formó como funcionaria, como abogada. Le tengo un profundo cariño. Me fui en 2023, no por jubilación, sino porque me dieron las gracias. Fue duro. Yo me veía terminando mi carrera ahí.

¿A qué fiscalía aspiraba dentro del MP?

— Extorsiones fue el área donde me sentí más cómoda. Nunca lo vi como rutina. Cada caso era diferente. Y aunque los recursos eran insuficientes, había compromiso.

¿Su sueño era terminar en el Ministerio Público?, ¿podría volver participando como candidata al cargo de Fiscal General?

— No, no es esa mi aspiración. Estoy convencida de que no es esa mi aspiración. No sería ese mi camino. No estoy pensando en regresar al MP. Hasta ahí no.

¿Pero por temas de seguridad? Usted tiene el perfil y conoce la institución... ¿qué le impediría?

— Pues realmente espero terminar aquí mis cuatro años de gobierno estando aquí en el quinto despacho. Creo que no, no estoy como visionando todavía la partida hacia otro lugar.

Hoy dice usted "no"

— Sí, hoy no.

¿No es un nunca?

— Es que en realidad no me veo como ahí. Lo que digo es que al final creo que he sido una persona muy afortunada. Quizás en el momento en que salí del MP fue doloroso, porque uno piensa que ahí es donde uno va a estar. Pero si no hubiera salido, no hubiera pasado la experiencia de haber sido primera viceministra, ni tampoco quinta viceministra.

Usted es una persona creyente, ¿no se ve en ese cargo?

— Sí, Dios me enseña el camino. Hasta ahora no lo veo, no me ha dado ningún mensaje.

Fotos: Cortesía / República

Al navegar entre publicaciones y grupos de reventa, se observan decenas de entradas a precios inflados para el partido de la Selección Nacional contra El Salvador.

Una frustración común se repite: boletos agotados en minutos y luego ofrecidos por el triple de su precio original en redes sociales.

Una fila que nunca alcanzó

Fanaticks, la boletera contratada, explicó a República que la venta respondió a un fenómeno matemático: miles de usuarios conectados al mismo tiempo frente a un inventario limitado. “Fue un error de relación entre oferta limitada y demanda extraordinaria”, aseguraron.

La fila virtual distribuía turnos de forma aleatoria entre quienes ya estaban conectados antes de la hora de apertura. La empresa insistió en que procesó todas las transacciones bajo reglas claras y verificables.

Sin embargo, para quienes esperaron en la pantalla, la experiencia fue otra. Uno relató que su turno llegó después de una hora, pero cuando quiso comprar, el evento había desaparecido. Otro aficionado, aseguró que colocó un número erróneo en el apartado que solicitaba DPI e igual pudo adquirir entradas.

En redes sociales, la percepción es que el acceso parece un juego de azar donde la suerte y la velocidad pesan más que la fidelidad o la anticipación.

Expectativa vs realidad

El problema no se reducía al sistema, sino al tamaño del estadio Cementos Progreso, que tiene una capacidad para 11 000 personas, a diferencia del Doroteo Guamuch Flores (20 000). Gerardo Paiz, presidente de la FEDEFUT, aclaró a República que ese cambio de sede impactó directamente en los contratos con patrocinadores.

Los compromisos contractuales obligan a que se asignen 6000 boletos en preventa: una parte a patrocinadores, jugadores para sus familias y otros equipos ligados al torneo. El resto se colocó a la venta general. La Federación obtuvo GTQ 3M en ingresos por este partido.

En la plataforma llegaron a formarse colas virtuales de hasta 50 000 personas. “Obviamente, no iban a alcanzar”, reconoció Paiz, quien rechazó tajantemente que la Federación hubiera retenido entradas para revenderlas.

Números que no cuadran

El diputado José Chic presentó recientemente un informe de la FEDEFUT sobre la venta de entradas del partido. El documento no incluye datos de la preventa ni responsables de su manejo. Según el legislador, se detectó que tres tarjetas adquirieron 618 boletos en total, con compras masivas que alcanzaron hasta 50 tickets cargados a una sola tarjeta. Esto evidenciaría acaparamiento.

En total, se registra la venta de los 11 000 boletos, pero las cifras no cuadran con lo pactado, según el diputado, pues aseguró que, según el contrato, debían ponerse a la venta 12 000 boletos, pero solo reportaron 10 627. Además, se detalla que 1354 entradas fueron destinadas a patrocinadores fuera del convenio con la taquillera. Cada miembro de la Federación recibió también nueve entradas en platea.

“Es parte de lo que hemos encontrado […] vean el informe, se van a dar cuenta de que por alguna razón no pusieron el número de DPI, tampoco pusieron el número de la tarjeta o, por lo menos, el nombre de las personas que adquirieron las entradas. Van a encontrar el patrón de compra que hubo en este sentido y esto evidencia más dudas”, destacó.

¿Ni los revendedores consiguieron entradas?

Mientras las quejas inundan las redes, otro sector alzó la voz: los propios revendedores. Byron Ávila, representante de la asociación que agrupa a varios de ellos, negó que hubieran acaparado los boletos.

“La gente piensa que nosotros acaparamos, pero eso no es cierto. Intentamos ingresar como cualquier aficionado. Algunos compañeros tenían el turno cuatro, listos para comprar, y les tiraba que ya no había boletos”.

Ávila agrega que, dentro de su gremio, tampoco tienen claro qué sucedió. “No podemos asegurar que hubo negocio de alguien, no nos consta. Como revendedores el día del evento iremos a trabajar: vamos a comprar y a revender”.

Su explicación pone en evidencia la paradoja: incluso los revendedores, que históricamente han sido señalados como los principales beneficiados, ahora aseguran haber quedado fuera. Sin embargo, basta con entrar a las redes para comprobar que entradas al triple o más circulaban a los pocos minutos de agotarse en la plataforma oficial.

Modelo actual bajo presión

Las críticas sobre la transparencia del sistema han llevado a la dirigencia a considerar cambios. Entre las propuestas está regresar a las colas físicas, donde los aficionados vean cómo se venden los boletos frente a ellos, o implementar sorteos como lo hace la FIFA.  “Tal vez ver una cola real da más confianza que ver un número en la pantalla”, admitió Paiz.

En septiembre se dará a conocer la modalidad de venta para los siguientes dos encuentros. Sin quejas formales en la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y con los organizadores defendiendo sus procesos, persiste la sensación compartida de que conseguir un boleto legítimo se ha convertido en un desafío casi imposible, lo que deja un vacío que alimenta la incertidumbre y la reventa.

Por muchos años, la característica principal del sistema político guatemalteco ha sido que los partidos políticos son utilizados como organizaciones que solo funcionan durante la campaña política. Como consecuencia de esta percepción, el sistema de partidos tiende a ser altamente fragmentado. Aunque esta estructura es positiva a nivel político, dado que evita la concentración de poder, también puede ser una configuración negativa, ya que dificulta la gobernabilidad por la falta de consensos. Esta característica es abordada por el politólogo Jonathan Lemus en su trabajo titulado “Partidos franquicia”: la distorsión del modelo de organización de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, debido a que él plantea que el mal estado del sistema de partidos se debe a la presencia de partidos franquicia, definidos como organizaciones cuya marca es cedida por los Comités Ejecutivos Nacionales (CNE) a algún candidato durante la época electoral. Esta práctica le ofrece a los candidatos una plataforma y una base electoral conocida sobre la cual promover su candidatura, al mismo tiempo que les permite traspasar las barreras electorales impuestas por la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). Ahora bien, debido a que los partidos se transforman en meros vehículos electorales, el autor califica esta situación como una distorsión del modelo electoral establecido en la Ley, la cual fue diseñada para promover la representatividad.

No obstante, la arena política actual refleja una evolución de este sistema, ya que se puede observar cómo ha pasado a ser uno dominado por partidos franquicia a uno capturado por franquicias de partidos. Esto se debe a que cuando se observa el listado de comités para la formación de partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) es fácil notar la prevalencia de nombres conocidos en la política guatemalteca. Entre los secretarios generales de estas “nuevas” organizaciones se pueden encontrar desde exministros, pasando por diputados actuales y exdiputados, hasta excandidatos presidenciales. Así pues, esta transformación plantea un nuevo modelo de sistema de partidos, las franquicias. En este sentido, las organizaciones políticas mantienen un partido matriz a nivel departamental, lo cual reduce los costos de organización y marketing político a nivel local, debido al poder que mantienen los diputados departamentales sobre su electorado, y a nivel nacional, como vehículo para la campaña Presidencial, se crean partidos satélite o franquicias, a fin de presentar una imagen diferente y supuestamente ajena a la dinámica tradicional. Esta estrategia es beneficiosa en dos sentidos. En primer lugar, para el votante, cuya información es limitada, existe una desvinculación mental entre las organizaciones políticas tradicionales y las nuevas propuestas, lo cual crea una ilusión por el cambio. En segundo lugar, para los partidos, esta alternativa les permite concentrar beneficios políticos y dispersar los costos de participación.

El reciclaje de figuras conocidas bajo nuevas siglas

Esta profundización en la distorsión del sistema de partidos es producto de la combinación de tres factores. Por un lado, el mercado de “venta” de marcas de partidos ya no es sostenible, ya que las marcas tradicionales se han desgastado, por lo que ya no resulta ser un negocio rentable en el largo plazo. Por otro lado, la desafección política generalizada entre el electorado guatemalteco ha incrementado la demanda por nuevas propuestas políticas, lo cual ha abierto paso para supuestos “outsiders” políticos. Asimismo, la tendencia hacia la judicialización del proceso electoral ha reducido el poder de los CNE, como entes organizadores, lo cual, a su vez, ha desvirtuado su sentido de representación.

Ahora bien, este nuevo modelo de sistema de partidos también plantea grandes preguntas sobre el estado político del país. En principio, la LEPP fue diseñada con el objetivo de promover un sistema mayoritario, en donde los partidos pequeños no tuvieran cabida. Como consecuencia, la norma impone altas barreras de entrada, como los procesos de afiliación y financiamiento. Así pues, tomando este ideal como punto de partida, es válido preguntarse por qué los políticos consideran que es más fácil crear un nuevo partido, antes que fortalecer las instituciones que ya existen. Adicionalmente, también se plantean dudas sobre la falta de institucionalidad de las organizaciones políticas y cómo esto podría tener repercusiones para el próximo proceso electoral de 2027. Entonces, aunque las potenciales propuestas políticas se presenten como “nuevas” alternativas, este modelo sugiere que estas franquicias son el mismo fondo, con forma diferente.

_{Lecturas de fin de semana:}