¡Buenos días!

Blanca Alfaro habla claro. La presidenta del TSE revela presiones, acoso y fracturas internas, defiende su gestión y critica a la FECI. Admite que enfrentará un proceso penal y advierte: en 2027, pocos querrán asumir el riesgo de organizar elecciones.

Arranca la carrera por el nuevo Fiscal General. Las universidades, el Congreso y el Organismo Judicial se mueven entre tensiones, alianzas y posibles relevos. Si no hay acuerdos en enero, la justicia podría entrar en zona de riesgo.

En línea. El abogado y analista del CIEN, Francisco Quezada, responde sobre los riesgos y alcances de reformar la Ley Orgánica del MP para otorgarle al Ejecutivo ese poder clave.

Honduras entre China y Trump. Reynaldo Rodríguez analiza cómo Xiomara Castro ajusta su política exterior para mantener vínculos con China y evitar tensiones con la administración Trump.

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Blanca Alfaro:

“No hay justicia si se usa para vengarse”

^{Por: Marimaite Rayo}

En esta entrevista, la magistrada presidenta interina del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, habla sin reservas sobre la crisis institucional, la presión política y judicial que enfrentó el Tribunal, y su postura frente a la FECI. Con firmeza, defiende sus decisiones, recuerda el acoso y advierte sobre los desafíos que marcarán el proceso electoral de 2027. Una conversación reveladora sobre poder, ética y resistencia.

Usted tiene una amplia trayectoria en el sector público y un conocimiento profundo del TSE. Sin embargo, esta magistratura ha enfrentado una presión sin precedentes, al punto de que 4 de los 5 magistrados titulares ya no están en funciones. ¿Qué ocurrió?

— Nos despedimos de nuestros compañeros la noche del 29 de noviembre (2023). En ese momento, el Congreso ya discutía los antejuicios contra los cinco magistrados, pero había una sensación de tranquilidad. Pensábamos que sería una discusión más, como tantas otras. Desde nuestra perspectiva, era imposible hablar de fraude electoral. El Tribunal no cuenta votos ni manipula sistemas informáticos.

Los cuestionamientos se centraron en las actas 4 y 8, pero esas actas son responsabilidad de los digitadores, los presidentes de mesa y los presidentes de juntas departamentales. Ellos son quienes consolidan los resultados y los trasladan al auditor electoral.

Sin embargo, al día siguiente comenzaron a circular noticias: un compañero había salido hacia El Salvador, luego la magistrada Irma Palencia, y después otro colega. Todo fue sorpresivo. No tengo una explicación clara de lo que pasó.

¿En qué momento comenzó a percibirse esa presión sobre el Tribunal? ¿Hubo señales previas?

— En un cuerpo colegiado siempre hay tensiones y trabajo intenso, pero nunca hablamos de separarnos. Jamás imaginamos que llegaríamos a este punto. La presión fue escalando, pero no hubo una conversación interna que anticipara una ruptura como la que ocurrió.

Además de los magistrados, ¿cuántos empleados del TSE han enfrentado procesos judiciales relacionados con las elecciones?

— Hasta diciembre pasado, teníamos conocimiento de al menos 22 personas procesadas. La mayoría son digitadores y también está el caso del ingeniero Jorge Santos. Todos enfrentan procesos penales.

¿Y cuántos de esos casos han avanzado formalmente en el sistema judicial?

— No lo sabemos con certeza. Muchos de esos casos están bajo reserva, especialmente los que lleva la FECI (Fiscalía Especial Contra la Impunidad). Eso impide acceder a información detallada sobre su estado.

Como abogada, ¿cuál es su opinión sobre el papel de la FECI en estos procesos?

— Considero que el próximo fiscal general debe cerrar la FECI. No tiene sentido mantener una fiscalía especial cuando ya existen fiscalías específicas para corrupción, delitos administrativos o penales. La FECI, tanto en su versión anterior como en la actual, ha sido utilizada como un instrumento de persecución penal con fines políticos.

No estoy hablando desde una experiencia personal, sino desde una postura profesional. Si un funcionario comete un acto de corrupción, debe ser investigado por la fiscalía anticorrupción. Si hay abuso de autoridad, corresponde a la fiscalía administrativa. Si es un delito común, hay fiscalías especializadas. ¿Por qué mantener una fiscalía paralela?

De todos los momentos difíciles que ha vivido en este proceso, ¿cuál ha sido el más doloroso?

— Lo más difícil ha sido no entender el odio. No comprendo la venganza y el rencor. Me duele que, siendo todos guatemaltecos, no podamos ponernos de acuerdo. La justicia no debería ser un campo de batalla. Su función es enviar un mensaje preventivo y restaurar la paz. Pero hasta ahora, no sé si el Tribunal ha logrado recuperar esa paz.

Reformas necesarias y lecciones para 2027

¿Qué elementos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) se abusaron durante el proceso electoral de 2023 y qué precedente podrían sentar para 2027?

— Primero, hay que reconocer la participación ciudadana en el CAME (Comisión de Actualización y Modernización Electoral). A pesar de los conflictos judiciales y la situación del TSE, hubo una participación activa de la sociedad civil, jóvenes, mujeres indígenas, organizaciones, cámaras empresariales, partidos políticos, medios de comunicación y, por supuesto, del propio Tribunal a través de sus direcciones. Eso fortaleció el análisis postelectoral.

Uno de los elementos más problemáticos fue el artículo 113 constitucional, que habla de la idoneidad para optar a cargos públicos. Es un artículo subjetivo, que deja a criterio del Tribunal decidir si un candidato es idóneo o no. Sin una legislación que lo aclare, seguirá generando conflictividad.

También está el tema del finiquito. Es necesario establecer con claridad los plazos y condiciones para evitar que se utilice como herramienta de exclusión arbitraria.

Otro punto crítico fueron las asambleas partidarias. Algunos candidatos fueron postulados por asambleas nacionales sin que existiera legalización en los departamentos. Eso generó dudas sobre la legitimidad de las postulaciones.

¿Y sobre la judicialización del proceso electoral?

— Es un tema central. Debemos preguntarnos si se respeta la supremacía del TSE como ente rector del proceso, o si estamos sujetos a decisiones del Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad (CC). Lo que proponemos es que exista una única instancia de revisión: la CC. Así se evitaría pasar por salas, cortes y luego la Corte, lo cual alarga innecesariamente los tiempos y genera incertidumbre.

¿Qué otros temas aborda la iniciativa 6377 que el TSE presentó en el Congreso?

— Uno de los más importantes es el de los medios de comunicación. No podemos limitar el derecho a informar por temor a sanciones o multas. También se debe evitar que se inhabilite a un candidato por supuesta campaña anticipada sin criterios claros.

Además, se abordan temas económicos como la pauta publicitaria y cómo se cuantifica. Todo eso debe quedar bien definido para evitar conflictos en futuros procesos.

Sobre decisiones clave y conflictos internos

Una de las decisiones más cuestionadas del TSE fue la contratación del sistema TREP. ¿Por qué usted no votó a favor?

— Fui alcaldesa durante ocho años y aprendí que un funcionario debe tener muy claro que su responsabilidad dura 20 años. Ya había tenido observaciones de la Contraloría, y que le pongan a uno un hallazgo por esas cantidades no vale la pena. No lo hice con mala intención ni pensando que había algo ilegal. Simplemente actué con prudencia.

¿Eso la salvó de enfrentar un proceso penal?

— A medias. Tengo un amparo provisional, pero nunca me otorgaron el definitivo. Se lo dieron a los suplentes, pero a mí no. Así que cuando termine mi período el 20 de marzo, entro al mismo proceso. El Ministerio Público dice que yo debí haber razonado mi voto, no solo disentido. Pero yo no podía afirmar que había algo malo, porque no me consta.

El TREP fue clave en la judicialización del proceso, pero también hubo decisiones previas, como la desintegración de juntas electorales. ¿Cómo se justifica?

— No fueron desintegradas por decisión del Tribunal. La Contraloría pidió que aquellas juntas con problemas de rendición de cuentas fueran removidas. Algunas, como la de Jutiapa, continuaron. El problema ahora es que la Contraloría exige más datos, pero el Tribunal solo recibe lo que las juntas entregan. No tenemos contadores propios; cada junta contrata al suyo y presenta su liquidación.

¿Cómo afectará esto al proceso de 2027?

— Lo más difícil será encontrar personas dispuestas a asumir esos retos. Las juntas hicieron su trabajo, firmaron actas y legitimaron resultados. Pero el temor a ser procesados puede alejar a muchos ciudadanos.

Relaciones internas y futuro institucional

Tomando en cuenta la elección de un nuevo Tribunal en 2026, ¿le interesa continuar?

— No. Sería muy ingrato pensar en una reelección cuando cuatro colegas están enfrentando situaciones tan difíciles. Sería antiético.

¿Cómo vivió la crisis institucional a inicios de este año, cuando hubo una vacante en la presidencia?

— Fue uno de esos momentos que las mujeres enfrentamos en cargos públicos. Siempre trabajamos en equipo, tomábamos decisiones juntos. Por eso me sorprendió recibir una nota, que además se filtró en redes, donde me desconocían. Fue desleal y dañó la institucionalidad del Tribunal.

Usted mencionó que incluso hubo un episodio de acoso

— Sí. El magistrado Cordón (Álvaro) me llamó y me dijo: “amor con amor se paga”. Eso es inaceptable. No se puede usar ese lenguaje en un ente colegiado. Aquí no hay dinero ni obras, no hay nada que justifique ese tipo de insinuaciones.

¿Cree que podrán resolver sus diferencias?

— Somos profesionales. Aunque ya no hay amistad, tengo que trabajar con ellos. Los respeto, pero ahora somos solo compañeros de trabajo. Por el bien del Tribunal, debo aceptar ese reto todos los días.

Fotos: Luis Enrique González / República

En enero de 2026, el Congreso de la República deberá convocar a los electores responsables de integrar la Comisión de Postulación que elaborará la nómina de candidatos a Fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) para el período 2026-2030.

Por qué importa. Si los electores no están listos en enero, se abre la puerta a retrasos, disputas legales y vacíos institucionales. Elegir al titular del MP es, en esencia, decidir cómo se aplicará la justicia en los próximos cuatro años.

• La Ley de Comisiones de Postulación establece que la postuladora estará integrada por el presidente del Organismo Judicial (OJ) y el presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

• También la conforman el presidente del Tribunal de Honor del CANG y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

• Los electores que están pendientes son el delegado del OJ —donde se anticipa una elección reñida— y los decanos, ya que algunas universidades podrían anunciar relevos. En el último proceso hubo renuncias y sustituciones.

Visto y no visto. En tres meses, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberán elegir al sucesor de Teodulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, actual presidente. La correlación actual se mantiene dividida: ocho magistrados, por un lado, cinco por el otro. Ningún bloque alcanza los nueve votos necesarios.

• La división se arrastra desde su toma de posesión en 2024. No lograron acuerdos para elegir presidente, y fue la Corte de Constitucionalidad (CC) la que intervino para resolver el impasse.

• A la mayoría se le vincula con nuevos operadores: Néster Vásquez, magistrado de la CC, y Walter Mazariegos, rector de la USAC. Asimismo, con Estuardo Gálvez, exrector sancarlista.

• Entre los posibles candidatos a presidir la CSJ figuran Igamaín Galicia, Gustavo Mora y Carlos Contreras, del bloque mayoritario. Carlos Lucero Paz sería la propuesta del grupo minoritario. Todo, por ahora, es especulación.

Entre líneas. En esta Comisión de Postulación, los decanos jugarán un papel determinante. Su voto será decisivo y las negociaciones políticas se concentrarán en ellos.

• “Los ojos estarán puestos en las universidades”, advierte Francisco Quezada, abogado y analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).

• En procesos anteriores, los decanos se alinearon en tres bloques: uno técnico y centrado en la transparencia; otro con fuerte influencia política, especialmente desde la USAC.

   

• Y un tercero, de universidades “bisagra”, que votan según coyuntura o negociación.

En el radar. En las próximas semanas, se espera que inicien los cabildeos en el Congreso para definir el relevo del presidente Nery Ramos —actualmente del bloque Azul— y la nueva junta directiva. En octubre deben quedar definidos los cargos, ya que en enero se convoca a los integrantes de la Comisión.

• Este evento es clave no solo para el MP, sino también para las elecciones de autoridades en la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), todas previstas para 2026.

• Se anticipa una elección polémica, marcada por los señalamientos contra Ramos, las fracturas internas en bancadas como VAMOS, UNE y VIVA. Además, del debilitamiento de Movimiento Semilla.

• Hay antecedentes preocupantes: en 2009, el Congreso tardó cuatro años en elegir a los magistrados de las Cortes, ignorando los plazos constitucionales. Por ello persiste el temor de no cumplir lo que manda la ley.

En conclusión. El proceso de elección empieza a configurarse, pero el tablero aún es volátil. El CANG y el decano de Derecho de la USAC ya están listos para ser convocados.

• Ambos son vinculados con nuevos operadores políticos. Desde el Colegio de Abogados han aclarado que no existe evidencia que los relacione con Gálvez ni con el oficialismo.  Reafirmaron su independencia.

• Henry Arreaga, decano de la USAC, es considerado de perfil político. Es cercano a Walter Mazariegos, quien a su vez es asociado con el grupo de Néster Vásquez y con estructuras del MP.

• El magistrado que resulte electo como presidente de la CSJ será clave. Las negociaciones girarán en torno a cómo se manejarán las elecciones del MP y de la CC.

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Guatemala se sumó a la extensa lista de países que impulsan la campaña de seguridad vial #HazUnaDeclaraciónDeSeguridad en conjunto con la Organización de Naciones Unidas (ONU), y JCDecaux. Esta iniciativa busca generar conciencia y reducir los accidentes de tránsito, que cada año cobran miles de vidas en todo el mundo.

Por qué importa. Se calcula que hay más de 1,19 millones de víctimas mortales y 50 millones resultan heridas de gravedad cada año a nivel global. 

• En Guatemala, la situación es alarmante: más de 6,000 incidentes viales ocurren solo en el área metropolitana, afectando gravemente a cientos de personas y sobrecargando el sistema de salud pública.
  
  

• Según autoridades locales, cerca del 60 % de las personas involucradas en accidentes sufren daños o pérdidas humanas.
  
  

• El impacto no solo es humano sino también económico: la atención a traumas derivados de accidentes consume hasta el 80 % del presupuesto de los principales hospitales nacionales, y el Banco Mundial estima que los siniestros viales representan entre el 3 % y el 6 % del Producto Interno Bruto en la región

Voces. Jean-Charles Decaux, codirector General de JCDecaux, declaró que “estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas, sin importar dónde vivan, trabajen o viajen, ofreciendo mobiliario urbano y servicios innovadores y sostenibles que respondan a las expectativas de las ciudades y sus ciudadanos”.

• Agregó que esta misión es el eje central de JCDecaux, y por ello se sienten orgullosos de colaborar con las Naciones Unidas y con Jean Todt, enviado especial del Secretario General de la ONU para la Seguridad Vial, en la difusión de esta campaña global.
  
  

• Por su parte, Jean Todt subrayó que “cada año perdemos 1.19 millones de vidas en las carreteras del mundo, lo que equivale a la población total de ciudades como la capital de Guatemala [...] Con esta campaña hacemos un llamado urgente a la acción para garantizar carreteras seguras para todos, en todo el continente”, declaró.
  
  

• El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, también destacó la relevancia del esfuerzo: “no se trata de una campaña normal, común y correcta. Esto se trata de un esfuerzo, pero de un esfuerzo integral, un esfuerzo integral por causar impacto en cambiar conductas, en cambiar conductas y salvar vidas”.

En perspectiva. La campaña global inició en 2023 y ya se implementó en 80 países y más de 1000 ciudades. En Guatemala, se instalarán 90 pantallas digitales en puntos estratégicos, con un alcance estimado de 2.6 millones de personas y más de 56 millones de impresiones proyectadas en redes sociales.

• La iniciativa cuenta con el respaldo de figuras internacionales como el futbolista Ousmane Dembélé y el piloto de F1 Charles Leclerc, así como de atletas guatemaltecos como la medallista olímpica Adriana Ruano.
  
  

• La adhesión de Guatemala a esta campaña es un paso firme hacia la transformación de la cultura vial en el país. Ante el elevado costo humano, social y económico de los accidentes, esta iniciativa no solo busca crear conciencia, sino fomentar un cambio real y sostenible en las conductas ciudadanas.
  
  

• El reto es grande, pero el compromiso y las herramientas están en marcha para salvar vidas y construir un futuro vial más seguro.

En conclusión. La campaña #HazUnaDeclaraciónDeSeguridad representa una oportunidad única para que Guatemala no solo se una a un esfuerzo global, sino que también fortalezca su compromiso con la protección de vidas humanas y la mejora de la seguridad vial.

• El cambio cultural y la responsabilidad ciudadana serán claves para transformar las estadísticas alarmantes en historias de éxito. Solo a través de la colaboración entre autoridades, organizaciones y ciudadanos será posible construir calles más seguras y un futuro donde la prevención prevalezca sobre la tragedia.

Desde su ascenso al poder en 2022, el gobierno de Xiomara Castro ha ejercido una política exterior con un fuerte despliegue ideológico. La presidenta, durante la administración Biden, se lanzó a explorar alianzas no tradicionales para el país sin desestabilizar el equilibrio de poder en la región. Sin embargo, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE. UU., Honduras se vio en la posición de reconfigurar sus márgenes de maniobra.

Durante los primeros años de su gobierno, Castro aprovechó un contexto internacional bastante favorable. La administración Biden, más interesada en la estabilidad migratoria a través de la cooperación internacional, permitió que Honduras tejiera relaciones estrechas con China, llegando al punto de la ruptura con Taiwán en 2023. No solo eso, además viró la vista frente a la cercanía diplomática con el gobierno de Maduro. La firma de un acuerdo con China y los constantes diálogos para un TLC representaron una apertura sin precedentes hacia el gigante asiático, mientras que tomaba provecho de la consolidación a través del apoyo popular y escasa presión judicial. Esta expansión interna permitió que la política exterior de Honduras fuese una extensión del proyecto ideológico de Libre.

Un nuevo giro

Sin embargo, el tablero geopolítico dio un reacomodo abrupto en 2025. El regreso de Trump a la Casa Blanca significó una reinstauración de la lógica de condicionalidad como eje principal de la política hemisférica: con nosotros o en nuestra contra. Washington pasó de ser un actor distante a uno exigente con una política migratoria dura, medidas unilaterales y un lenguaje beligerante e incendiario hacia gobiernos de izquierda. Castro, enfrentada a una economía debilitada, a crisis internas de legitimidad, escándalos vinculados al narcotráfico y a una posible pugna de círculos familiares del oficialismo a través de lo judicial, ha tenido que girar su política exterior desde el desdoblamiento ideológico hacia el apaciguamiento funcional.

La nueva estrategia geopolítica empezó con la reversión de la cancelación del tratado de extradición, la cual fue anunciada en 2024 y suspendida a principios del 2025. Recientemente, los acuerdos migratorios, caracterizados por la agresividad unilateral americana, requieren el manejo del tránsito y reubicación de solicitantes de asilo rechazados por el sistema estadounidense. Aunque el gobierno hondureño ha negado formalmente haber firmado un acuerdo de este tipo, los hechos muestran una incapacidad de evitar la cooperación estructural con la administración Trump. Para Honduras, esta ha sido una ficha de cambio para obtener tolerancia frente a la amenaza tarifaria y los bajos prospectos de ganar la próxima elección. Por tanto, Honduras está asumiendo el rol de operador migratorio de Trump hasta este noviembre.

Este viraje no significa una renuncia definitiva a su proyecto exterior original. La reciente firma de nuevos acuerdos técnicos y financieros con China indica que el gobierno busca mantener viva su agenda alternativa mientras hace lo mínimo para mantener contento al Tío Sam. No obstante, el margen es cada vez más reducido. Enfrentada a un Trump menos tolerante, y ante un ciclo electoral pesimista inminente, la administración Castro ha optado por “jugar panza arriba”: ceder en lo táctico para ganar tiempo y establecer un entramado de política exterior complejo de revertir.

_{Lecturas de fin de semana:}