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Cómo golpea el comercio ilícito. El abogado Juan José Benítez, explica el alcance de los daños del contrabando, como la destrucción moral de las sociedades.

La terminal sigue con penas. Año y medio de un nuevo gobierno y el Aeropuerto La Aurora continúa causando mala impresión a los viajeros.

En línea. Nery Ramos, presidente del Congreso, responde sobre los temas pendientes, incluyendo el caso de la diputada Karina Paz.

Los sindicatos ahogan a Panamá. Los bloqueos paralizan al país y mueven la inversión hacia otros territorios.

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Juan José Benítez:

“El comercio ilícito destruye la economía y los valores de la sociedad”

^{Por: Luis Enrique González}

Durante el 10.º Encuentro ALAC 2025, Juan José Benítez alertó sobre la transformación del crimen organizado, que opera de manera líquida y se infiltra en la economía formal. Destacó que el contrabando, sobre todo de cigarrillos, es una amenaza fiscal y social. En Argentina, reconoció que los cambios actuales son dolorosos pero necesarios, y enfatizó que solo el trabajo constante generará resultados duraderos, concluyendo: “Los malos no descansan, nosotros tampoco podemos hacerlo”.

Benítez también alertó sobre el daño moral del comercio ilícito, que reemplaza al Estado en comunidades vulnerables. Destacó enfoques legales innovadores como el de Ecuador, que prioriza la salud pública. Reconoció que Argentina vive una etapa de dolor, pero confía en que es parte de una transición. El éxito, dijo, dependerá de sostener las reformas con paciencia y unidad. “No queda otra: trabajar todos los días para reconstruir dignidad y justicia”.

Juan José, usted ha dedicado su vida a defender la ley, con 27 años al servicio del sistema de justicia de Argentina. Hoy queremos hablar de un tema ligado a su profesión y su nuevo rol en el sector privado: el combate del comercio ilícito. ¿Cómo está operando el crimen organizado en este ámbito?

— Lo que estamos viendo es una mutación constante. El crimen organizado ha dejado de ser una estructura rígida. Hoy es líquido, se adapta, se infiltra, se transforma. Utilizan empresas legales como fachadas, se camuflan en la economía formal, y lo más preocupante: están un paso adelante de los gobiernos. Mientras los Estados deliberan, ellos ya actuaron. Y lo hacen con una velocidad que asusta.

¿Y qué consecuencias tiene eso para las economías locales?

— Devastadoras. El crimen organizado no solo roba recursos, sino que apaga la llama del emprendimiento. ¿Quién va a invertir en un país donde el mercado está copado por productos ilegales? ¿Dónde la competencia es desleal y peligrosa? Las empresas legales pierden terreno, se retraen, y con ellas se va el empleo, la innovación, la esperanza.

¿Por qué cree que estas organizaciones logran tanto poder?

— Porque entienden algo que muchos gobiernos han olvidado: el poder real está en la calle. Ellos infunden miedo, sí, pero también ofrecen “soluciones” donde el Estado no llega. Sustituyen al Estado en barrios enteros. Y cuando eso ocurre, ya no hablamos solo de crimen: hablamos de terrorismo social. De estructuras paralelas que dictan sus propias leyes.

¿Dónde ve usted que este fenómeno está afectando más?

— En mi experiencia, el comercio ilícito de cigarrillos es un termómetro muy claro. En Centroamérica, por ejemplo, hay un crecimiento alarmante. Organizaciones locales se han aliado con redes internacionales. En Sudamérica, Bolivia y Chile, muestran un patrón preocupante: el auge del contrabando coincide con gobiernos permisivos o, al menos, inactivos. No quiero hacer juicios políticos, pero los hechos están ahí.

¿Por qué el cigarrillo?

— Porque es rentable. El margen de ganancia es enorme. Se calcula que el comercio ilícito de cigarrillos en Latinoamérica y el Caribe genera hasta USD 18 000M para estas organizaciones. Estamos hablando de 79 000M de cigarrillos ilegales al año. Y eso les cuesta a los Estados hasta USD 4.800 M en impuestos no recaudados. Es un negocio redondo… para los delincuentes.

¿Qué más se puede hacer para atacar el contrabando?

— En Ecuador, por ejemplo, cambiaron el enfoque legal. Antes, si el valor del producto no alcanzaba cierto umbral, no se consideraba contrabando, sino una simple infracción administrativa. Pero ahora, si se detecta un producto sin las advertencias sanitarias requeridas, aunque sea una sola cajetilla, ya se considera un delito grave contra la salud pública. Eso cambia todo. No importa el valor económico, importa el daño potencial. Es un enfoque inteligente.

¿Endurecer penas?

— Claro, pero con inteligencia. El contrabandista sabe jugar con los límites. Si el umbral es USD 3M, cargan USD 2.9M. Pero si el delito se define por el incumplimiento sanitario, no hay escapatoria. No hay que inventar la rueda, solo aplicar lo que ya funciona.

¿Por qué el narcotráfico está incursionando en el contrabando?

— Porque nunca fueron solo narcos. Son estructuras empresariales criminales. Tienen logística, seguridad, finanzas, abogados. Diversifican. Pablo Escobar no solo traficaba droga: también contrabandeaba cigarrillos, licores o neumáticos. Buscan negocios de alta ganancia y bajo riesgo. El contrabando de cigarrillos es perfecto para eso.

¿Y por qué encontraron que el contrabando de cigarrillos era un buen negocio?

— Porque es rentable y fácil de mover. Una cajetilla que cuesta cuatro dólares, la venden a dos. Y en un pueblo empobrecido, eso es irresistible. Con lo que ganan vendiendo un kilo de droga, compran medio millón de cajetillas y ganan USD 2.5M. Es un negocio redondo. Y además, les permite lavar dinero.

¿Hacia dónde va todo esto?

— Estamos en un proceso de concientización. Algunos gobiernos ya están reaccionando. Cuando se reconoce que estas organizaciones son terroristas, como hizo Argentina con el Tren del Agua, se abren nuevas herramientas legales: congelar cuentas, confiscar propiedades, cortar el financiamiento. Pero hace falta voluntad política. Y esa voluntad nace cuando la sociedad se cansa.

¿El cañón debe apuntar siempre hacia el dinero?

— Sí, pero no solo. El comercio ilícito tiene dos objetivos: financiarse y destruir moralmente a la sociedad. Empobrecen regiones enteras, eliminan prácticas productivas tradicionales, matan la cultura del trabajo. Y eso es lo más peligroso: la destrucción moral.

¿Cómo reemplazan ese sistema social?

— Lo sustituyen por uno basado en la ilegalidad, en la ley del más fuerte. Antes, lo ilícito daba vergüenza. Hoy es normal. Comprar una camiseta falsa, un DVD pirata, ya no incomoda. Es parte de la cultura. Y eso es una derrota moral. Perdimos la noción de lo que está bien y lo que está mal.

¿Y no pasa nada?

— Nos estamos destruyendo desde adentro. Ellos ganan espacio en esa destrucción moral. Por eso insisto en la educación. Hay que volver a enseñar valores. No solo combatir el dinero, sino reconstruir la ética social. Volver a sentir orgullo por lo correcto.

Con una carrera de 27 años en el sector justicia y dos en el ámbito privado, ¿cómo ve la batalla?

— Soy un eterno optimista. El presente es desafiante, sí, pero también está lleno de oportunidades. Tenemos herramientas que antes no teníamos. Podemos informarnos, movilizarnos, generar conciencia. La bondad y la dignidad están en nuestro ADN. Si nos unimos, si alzamos la voz, a los que somos buenos, podemos lograr grandes cosas.

En su país, Argentina, ¿ve que esos cambios serán permanentes?

— Hay que trabajar para que sean permanentes y para que eso que hoy parece bueno sea mejor todavía. No hay que conformarse, hay que ir por más, pero hay que trabajar todos los días. De nuevo, los malos trabajan todos los días mucho más rápido que nosotros. No necesitan consultar a sus órganos legislativos si cambian o no el negocio que van a hacer. No les consultan a los accionistas si abren una nueva unidad de negocios. Lo decidieron de buenas a primeras. Van más rápido. Tenemos que trabajar de manera incesante para impedir que sigan creciendo.

Y algunas decisiones, como dijo el presidente Milei, ¿duelen?

— Claro que duelen. Pero, a ver, ¿qué cambio no duele? Hasta nacer duele. Crecer duele. Hay cambios que nos impactan, pero eso no significa que ese dolor sea malo. Duele porque hay que achicar gastos, pues desaparecen cosas que antes parecían necesarias y útiles, y de repente te das cuenta de que no era tan necesario eso. Pero ese cambio cultural de dejar lo que uno está acostumbrado y adaptarse a algo nuevo duele. Es una transición necesaria para evolucionar y para dejar atrás años y años de populismo asistencialista que ha degradado a nuestro país. Tenemos que ser conscientes, y en eso fue muy inteligente el presidente, al comunicar desde su campaña que lo que iba a hacer iba a doler, pero ese dolor va a ser para estar mejor una vez que pase.

Y como argentino, ¿cómo lo siente, es época de dolor?

— Estamos en la etapa de dolor, por supuesto, lo vivo todos los días. Mi padre es un jubilado. Lo veo, pero sé que es un dolor necesario para que el día de mañana estemos mejor.

¿Y le va a alcanzar el tiempo al presidente?

— Depende de nosotros. Depende de lo bueno que le alcance el tiempo para hacer las reformas estructurales que haya que hacer para no volver a lo que no queremos volver. La tecnología nos acostumbró a todo inmediato, pero los cambios no son inmediatos. En nuestro proceso democrático lleva tiempo en consolidarse. Tienen que pasar por el Congreso las reformas estructurales para desregular la economía, permitir que haya más comercio, más libertad competitiva. Y una vez que eso pasa, tienen que generar confianza en el inversor en que vale la pena, que hoy ponga el dinero y no venga ningún gobierno nuevo y pierda su inversión. Cuarenta años nos hicieron el país pobre que somos. No podemos pretender que en un año dejemos de serlo. Son procesos dolorosos. Pero hay que transitarlos para llegar. No queda otra. Tener paciencia y trabajar todos los días incesantemente para lograr los objetivos, que son libertad, mejor educación, trabajo digno, salir de la pobreza, una educación para todos, y justicia eficiente y eficaz.

Guatemala, alguna vez pionera en la aviación centroamericana, hoy lamenta el abandono de su Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). Lejos de ser la puerta de entrada que el país merece, se convirtió en un reflejo de desatención, falta de inversión e indiferencia que amenaza su estatus. Las frustradas voces de los viajeros exponen sus graves deficiencias y la urgente necesidad de un cambio radical.

Lo indispensable. Un año ha transcurrido desde que el presidente, Bernardo Arévalo, habló de una Alianza Público-Privada (APP) para rescatar el AILA. Sin embargo, lo dicho por el mandatario solo quedó en un anuncio. En lugar de mejoras, el aeropuerto sigue siendo escenario de una serie de incidentes que evidencian su precario estado.

• El 13 de enero, dos aviones casi colisionan en la pista, revelando graves fallas de seguridad.

• Las escaleras eléctricas y elevadores, adjudicados en mayo de 2023 —durante el gobierno de Alejandro Giammattei—, no funcionaron hasta febrero de 2025.

• El reciente cierre temporal de la pista, el 7 de junio, por problemas en el sistema de luces, reconfirma la falta de mantenimiento preventivo y la vulnerabilidad de la infraestructura.

Voces. La experiencia de los usuarios es un reflejo de la decadencia del AILA. Lo que antes era motivo de orgullo regional, ahora es fuente de vergüenza y frustración. Los pasajeros son unánimes en su percepción: el aeropuerto se desmorona, contrastando drásticamente con otras terminales de la región.

• “Guatemala era la potencia de Centroamérica y años de corrupción han hecho que el país se quede atrás”, lamenta un viajero, comparando negativamente el AILA con los aeropuertos de El Salvador y Panamá.

• Otro viajero señala que “desde afuera se notaba que estaba mal y, si desde afuera se nota que está mal, ¿cómo desde adentro no va a estar mal?”. La infraestructura dañada, los baños sucios y la ausencia de amenidades básicas son una constante.

• “La imagen del aeropuerto claramente se nota que es de tercer mundo”, sentencia otro usuario, destacando la falta de limpieza y la carencia de voluntad para realizar mejoras.

Punto de fricción. Los problemas del AILA no se limitan a su infraestructura; se extienden al servicio y a una percepción generalizada de falta de voluntad. La normalización de las deficiencias por parte de los guatemaltecos contrasta con la sorpresa y desilusión de los visitantes extranjeros, quienes se encuentran con un aeropuerto que no cumple con los estándares internacionales.

• Una viajera frecuente critica la falta de innovación y la escasez de servicios básicos como agua potable o tomacorrientes, algo común en aeropuertos modernos.

• La ausencia de señalización clara, el desorden en las áreas de migración y aduanas, y la deficiente logística para el manejo de equipaje evidencian una gestión ineficiente que afecta directamente la experiencia del pasajero.

• “¿Qué confianza inspira un aeropuerto que ni siquiera cuida una jardinera?”, cuestiona un abogado que sufrió el retraso de su vuelo por el cierre de la pista, subrayando la preocupación por la seguridad aérea y el estatus internacional del aeropuerto.

Ahora qué. La situación del aeropuerto de La Aurora es crítica y plantea serias interrogantes sobre su futuro. República intentó contactar al gerente del aeropuerto para obtener su opinión sobre lo sucedido recientemente; no hubo respuesta.

• Para recuperar la Categoría 1 de la FAA y evitar la pérdida de su estatus “internacional”, es imperativo invertir en mantenimiento, modernización y capacitación del personal. La viabilidad de la APP es crucial para atraer la inversión privada necesaria, pero los constantes fallos y retrasos ponen en duda su concreción.

• El aeropuerto se encuentra en una encrucijada, donde la inacción podría significar la pérdida definitiva de su relevancia regional, afectando la imagen del país y su potencial turístico.

• El camino es incierto y dependerá de la voluntad política y una acción decidida para revertir años de abandono.

Después de la destitución del gobernador de Bocas del Toro, las constantes lluvias y el descontento social inundaron las calles de ingobernabilidad. Panamá, uno de los hubs logísticos más importantes del mundo, fue presionado en sus válvulas empresariales las últimas semanas.

Los sindicatos bananeros y educativos tomaron de rehén las calles de los centros productivos de la Ciudad de Panamá en protesta a una reforma a la Caja de Seguridad Social (CSS). En el trasfondo, la tensión crece entre las exigencias de Washington, el capital estadounidense y las promesas de sostenibilidad y protección laboral del Estado panameño.

La reforma a la CSS aparenta ser un intento de modernización del sistema de seguridad social, como una urgencia técnica, impulsada por el bajo rendimiento de los fondos públicos. No obstante, la ciudadanía intuye otra cosa: la reforma responde más a intereses financieros perversos que al bienestar social. Ahora bien, esto sucede en medio de una de las peores cosechas en años. Changuinola, corazón bananero del país, se sumerge en una crisis económica difícil de escapar.

Uno de los jugadores más golpeados por la crisis sociopolítica ha sido Chiquita, gigante histórico de la región, que contabilizó pérdidas de más de USD 75M tras semanas de inactividad. Sus trabajadores no se han presentado a los campos ni a las empacadoras, por lo que despidió a más de 5 000 empleados. Y, sin embargo, la otra cara de la moneda es aún más amarga. La Cooperativa Bananera del Atlántico, único competidor local en pie, se tambalea en la orilla de la quiebra.

En la mira de EE. UU.

La coyuntura internacional no da tregua. Con el regreso de Trump a la escena, Panamá ha vuelto a figurar en los mapas estratégicos de la administración en Washington. Debido a que el canal de Suez se ha vuelto muy riesgoso por la amenaza hutí, la vía interoceánica panameña reaparece como arteria prioritaria en la contención geopolítica hacia China.

La saturación de los puertos del Caribe y el Golfo ha convertido a Panamá en un nodo portuario irremplazable. Los bloqueos son un lujo peligroso para el gobierno. Panamá, hub logístico del continente, no puede permitirse hacer la vista gorda a su propia relevancia. Últimamente, se han llegado a acuerdos, pero no sin costo. Las protestas concluyeron con el cierre temporal de operaciones de Chiquita, un régimen especial negociado a contrarreloj para salvar lo que queda del sector bananero y, finalmente, el levantamiento de los bloqueos que paralizan al país.

La animosidad creciente hacia el Tío Sam, alimentada por décadas de escepticismo frente a las corporaciones extranjeras, como lo evidenció el caso de la mina, se mezcla ahora con la urgencia de liberar los tramos logísticos necesarios para el comercio mundial. Los barcos siguen entrando y las autopistas se han vuelto a llenar de contenedores. Sin embargo, en el nuevo ajedrez de rutas marítimas, el país parece ser peón de los intereses de los sindicatos.

_{Lecturas de fin de semana:}