Cuando el bosque tiene valor, se protege

¡Buenos días!

El bosque como riqueza. Francisco Escobedo plantea que el futuro forestal de Guatemala depende de darle valor económico al bosque, desde la madera hasta los bonos de carbono, para frenar la deforestación. Con avances en incentivos, reducción de pérdida forestal y nuevas oportunidades como la construcción en madera, el reto ahora es sostener el modelo y fortalecer la gobernanza, especialmente en Petén.

Un mercado en silencio en Santa Faz. El cierre del Mercado Municipal obligó a los vecinos a gastar más tiempo y dinero para abastecerse fuera de la colonia. Aunque el edificio sigue en pie, la falta de acciones mantiene el espacio sin cumplir su función.

Regular a tiempo tiene precio. En una nueva colaboración de Compás Institucional, César Sigüenza advierte que la ley contra el lavado de dinero es una pieza clave de infraestructura económica y no solo un requisito técnico. Retrasar su aprobación eleva el riesgo de sanciones reputacionales y costos financieros que terminan afectando a toda la economía, especialmente a los más vulnerables.

Patrias prestadas. En una crónica personal, Marcos Suárez Sipmann reconstruye su estancia en Filipinas en 1996, un viaje que pasó de encargo profesional a experiencia profundamente humana. Entre contrastes urbanos, memoria y pérdida, el relato captura una ciudad que desarma los planes y deja huella.

Francisco Escobedo, ingeniero agrónomo graduado de Zamorano y máster en Economía Forestal por la Universidad de Dresden, Alemania, se desempeña actualmente como director ejecutivo de la gremial forestal de Guatemala. En esta entrevista reflexiona sobre la visión de Guatemala como un país de árboles, la evolución del sector forestal, los desafíos que enfrenta Petén y el mercado de los bonos de carbono. A partir de datos, contexto y experiencia técnica, Escobedo propone una narrativa distinta en torno al bosque: concebirlo como una riqueza renovable y un motor de desarrollo. 

Guatemala ha sido llamada históricamente “tierra de árboles”. ¿Sigue siendo válida esa denominación?
—Ese nombre se le puso porque cuando llegaron los españoles. Encontraron una riqueza natural excepcional. Y la verdad es que todavía hoy un europeo o un estadounidense viene a Guatemala y lo primero que ve es que es un país muy verde. Somos un país húmedo, con condiciones espectaculares para la actividad forestal. Pero eso puede cambiar. Está en nosotros decidir si seguimos siendo el país de los árboles o si dejamos de serlo.

¿Qué ha cambiado en las últimas décadas respecto al manejo del bosque?
—Durante muchos años tomamos decisiones que iban en la dirección contraria. Se cambiaba indiscriminadamente el uso del suelo para otras actividades y no se reponía el recurso forestal. A partir de 1996, cuando entra en vigencia la Ley Forestal, Guatemala decide revertir esa tendencia. Se incorporan prácticas que buscan que el bosque tenga un valor económico real para la población.

¿Por qué es tan importante que el bosque tenga valor económico?
—Porque el principal enemigo del bosque es que no valga nada. Cuando un dueño de tierra siente que el bosque no le genera ningún beneficio, lo elimina para dedicarse a otra actividad. El reto es hacer convivir el sistema ambiental con el sistema económico. En la medida en que el bosque le genere beneficios reales a la gente, vamos a tener más bosques.

¿Ese enfoque ha dado resultados concretos?
—Sí. Hoy estamos vendiendo no solo productos forestales, sino también servicios ambientales. Vendemos fijación de carbono, por ejemplo. Eso le da más valor al bosque y hace que más personas quieran entrar a la actividad forestal. Cuando el bosque vale, se protege.

¿Cómo se relaciona el sector forestal con otros sectores, como la construcción?
—El sector forestal es altamente transversal. Tiene que ver con biodiversidad, agua, cambio de uso de suelo y, por supuesto, con la construcción. Ahí vemos una gran oportunidad. En Europa hoy se diseñan edificios estructurales de hasta 18 o 20 niveles hechos de madera. Aquí todavía vemos la madera solo como material para pérgolas o casas de recreo.

¿Se está avanzando en ese sentido en Guatemala?
—Sí. Estamos por lanzar la primera norma de construcción con madera de Centroamérica y el Caribe. Esto abre una nueva posibilidad para ingenieros y arquitectos, porque amplía en un 33 % la disponibilidad de materiales estructurales. Ya no será solo concreto y acero, sino también madera.

¿Y qué ocurre cuando un proyecto urbano implica tala de árboles?
—El desarrollo no se puede detener. La ley forestal no prohíbe el uso del recurso; lo que busca es que, si se cambia la cobertura forestal, se reponga. Durante décadas deforestamos sin reponer, pero el bosque es un recurso renovable. Eso representa una oportunidad enorme de empleo y generación de riqueza si se hace bien.

Hay resistencia ciudadana cuando se tala un bosque urbano. ¿Cómo lo ve?
—Muchas veces la gente no quiere que se toque un bosque que ve desde su ventana, pero no considera que la casa donde vive también se construyó sobre lo que antes fue un bosque. El ordenamiento territorial municipal es clave aquí. El objetivo debe ser usar el recurso sin perder la cobertura forestal total.

Con datos en mano, ¿se ha revertido la deforestación en Guatemala?
—Sí. Antes de la Ley Forestal, se perdía cerca del 3 % de la cobertura forestal anualmente. Esa cifra bajó al 2 %, luego al 1 %, y hoy estamos alrededor del 0.3 % anual. Estamos cerca de una tasa de deforestación cero, y el siguiente paso es revertir esa tendencia.

¿Qué herramientas han sido clave para lograrlo?
—Los incentivos forestales. Son una coinversión entre el Estado y el propietario de la tierra. En los últimos 30 años se han invertido más de tres mil millones de quetzales, lo que ha generado empleo, pago de impuestos y desarrollo local.

¿Qué pasaría si no existieran las plantaciones forestales?
—La población sigue demandando puertas, camas, muebles, pisos. Si no existieran plantaciones forestales, todo eso saldría del bosque natural. Las plantaciones han sido una válvula de escape que ha reducido enormemente la presión sobre los bosques naturales.

¿Cuál es la mayor ventaja de Guatemala como país forestal?
—El clima. En otras latitudes, un árbol tarda entre 80 y 100 años en crecer. Aquí puede tardar entre 5 y 25 años. Tenemos condiciones excepcionales que debemos aprovechar para renovar el recurso forestal y generar riqueza.

Petén suele verse como el epicentro del problema forestal. ¿Qué sucede allí?
—Petén tiene una dinámica distinta por su tamaño y ubicación. Además, gran parte del territorio es área protegida y se rige por la Ley de Áreas Protegidas administrada por el CONAP, que es una ley antigua y con muchos retos.

¿Cuáles son esos retos principales?
—La gobernanza. El CONAP es una secretaría de la Presidencia y no un ente autónomo, lo que provoca falta de continuidad. Además, el 33 % del territorio nacional es área protegida, pero el presupuesto no es acorde a esa responsabilidad.

¿Existen modelos de éxito en Petén?
—Sí, las concesiones forestales comunitarias. Son 12 concesiones reconocidas a nivel mundial. Cada árbol está certificado, geoposicionado y su aprovechamiento es controlado. Las comunidades se convirtieron en los guardianes del bosque.

¿Qué ocurre en las áreas no concesionadas?
—Falta presencia del Estado, se dan invasiones, narcotráfico y actividades ilegales. En esas zonas el bosque prácticamente desaparece. Es una paradoja: las áreas de uso múltiple concesionadas parecen zonas núcleo, y algunas zonas núcleo están devastadas.

¿Hay forma de revertir ese daño?
—Sí. El bosque es renovable. En veinte años esas zonas podrían tener otra cara si se empieza hoy. El problema es que no se está haciendo y el marco legal es un obstáculo importante.

¿Cómo funciona el mercado de bonos de carbono?
—Funciona bajo oferta y demanda. Muchos países o empresas están obligados a compensar las emisiones que generan. Si no las pueden reducir, las pagan. Y el bosque, de forma natural, fija carbono durante su crecimiento.

¿Qué ocurrió recientemente en Guatemala?
—Guatemala logró, a través de un programa intermediado por el Banco Mundial, unir a muchos productores para ofrecer una cantidad significativa de carbono en el mercado internacional.

¿Cuántas toneladas se negociaron?
—Se negociaron 4.8 millones de toneladas correspondientes al año 2020, a un precio de cinco dólares por tonelada.

¿Quién recibe ese dinero?
—Directamente las personas y comunidades que tienen la actividad forestal donde se fijó el carbono. El dinero llega al área rural, donde más se necesita inversión.

Algunos ven esto como algo abstracto. ¿Qué les diría?
—Es completamente real. En la fotosíntesis, el árbol transforma dióxido de carbono en biomasa. Antes nadie imaginaba que ese servicio ambiental se iba a pagar. Hoy es una industria que genera ingresos, protege el bosque y abre oportunidades para el país.

¿Con qué reflexión cerraría esta conversación?
—No podemos seguir fatalizando el estado del planeta sin preguntarnos qué estamos haciendo para cambiarlo. Desde el sector forestal sabemos que tenemos un plan, que estamos invirtiendo y hacia dónde vamos. El bosque, bien gestionado, es riqueza y es futuro.

Fotos: Luis Enrique González / República

Glenda Sánchez
El mercado fantasma de Santa Faz, un espacio que se quedó en silencio
619 palabras | 3 minutos de lectura

En Santa Faz, una colonia de Chinautla ubicada a ocho kilómetros de la Ciudad de Guatemala, la rutina avanza entre trabajo, familia y esfuerzo diario. Aquí, cada cuadra cuenta una historia. Las calles se llenan desde temprano y el comercio aparece en esquinas y aceras. En medio de ese movimiento hay un punto clave para los vecinos que dejó de funcionar hace 10 años: el Mercado Municipal de Santa Faz.  

El edificio sigue en pie. Tiene dos accesos, uno sobre la avenida y otro sobre la calle. Desde afuera, el desgaste es evidente. Los colores originales se diluyen entre la humedad y el paso del tiempo. Adentro, gran parte del espacio permanece en silencio. Los vecinos desconocen si las autoridades hacen mantenimiento. 

El mercado cuenta con una capacidad para más de 35 locales comerciales, un espacio para clínicas y servicio sanitario. Hoy, solo unos diez funcionan y se concentran cerca de las entradas. Entre ellos hay una tienda de abarrotes, panadería, tortillería, paca de ropa, baños públicos y una oficina de Alcohólicos Anónimos. El resto permanece cerrado. 

Más gasto, menos tiempo 

Doña Tita, como pidió llamarse por seguridad, vivió ese cambio de cerca. Tiene 65 años y reside en la colonia desde 1997. Antes, su rutina incluía caminar pocas cuadras para hacer las compras del día. El mercado le resolvía lo básico y también lo cotidiano: verduras frescas, algún encargo o un detalle para sus hijos. “Uno como ama de casa busca tener todo cerca”. 

Desde septiembre de 2016, esa facilidad desapareció. El mercado dejó de operar por problemas de seguridad y por el aumento de extorsiones a comerciantes argumentan las autoridades de la comuna. Ahora, viaja tres veces por semana al centro de abastos de Jocotales. Paga Q6 de pasaje en tuc tuc, complicaciones en la rodilla le impide caminar largas distancias. 

Ese traslado representa más gasto y más tiempo. También recuerda que el mercado ofrecía algo más que ventas. En la semana asistía a consulta en una clínica que funcionaba dentro del lugar. En ocasiones recibía medicamentos o atención básica. "Eso también se perdió”, dice.  

En su memoria siguen presentes quienes daban vida al mercado: Doña Reyna con frutas y verduras, doña Chave con granos básicos, abarrotes    y la Chayo con jugos y tostadas. 

Quieren que se habilite 

El cierre cambió la dinámica de Santa Faz. Muchos vecinos compran fuera de la colonia o recurren a ventas improvisadas con menos opciones que las que tenían los comerciantes. Las calles reflejan esa adaptación: más puestos informales que buscan a amortiguar el cierre de la plaza comercial.  

Una fuente cercana a las autoridades municipales asegura que existen más de cien solicitudes para reabrir el mercado. Sin embargo, durante los últimos años ninguna ha tenido eco. Mientras tanto, un vecino de la comunidad señala que la ausencia de acción responde a la ausencia de un plan de seguridad y voluntad política.  

Afirma que el temor a enfrentar a grupos delictivos ha frenado decisiones y mantiene el espacio sin uso completo. “La gente lo necesita, pero no se ha querido actuar”. También menciona el impacto del cierre de la clínica médica, un servicio que apoyaba a varias familias. Según explica, decisiones internas y conflictos influyeron en su salida. 

El edificio, en medio de todo, permanece. No está totalmente en ruinas, pero tampoco cumple su función. Es una estructura que aún podría servir, pero que hoy refleja la ausencia de gestión y de respuestas.  Para los vecinos, el mercado no es solo un lugar cerrado. Es una oportunidad perdida. Un espacio que podría aliviar gastos, reducir traslados y devolver cierta dinámica a la comunidad.  

En Santa Faz, el mercado sigue ahí. Callado. Esperando que alguien vuelva a abrir sus puertas. 

El precio de llegar tarde

Guatemala enfrenta un reto en materia regulación y política pública. La discusión sobre la iniciativa 6593, nueva ley integral contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, no debería plantearse solamente como un cumplimiento en materia de estándares internacionales o como una reforma respaldada en tecnicismos. Es, más bien, una decisión de interés nacional. Las economías abiertas viven de la confianza. Esto en materia financiera, depende de reglas creíbles, de supervisión eficaz y de la capacidad del Estado para demostrar que entiende los riesgos que enfrenta y sabe contenerlos. 

Guatemala no discute esta reforma en abstracto. El país debe llegar a la evaluación de GAFILAT prevista para 2027 con una norma actualizada y, sobre todo, con evidencia de que su marco institucional funciona. La advertencia es clara, llegar tarde no solo expone al país a una mala calificación técnica, también abre la puerta a un deterioro reputacional que, una vez activado, es costoso de revertir. En esta materia, los países no pagan únicamente por hacer mal las cosas. Pagan, también, por hacerlas demasiado tarde. 

Conviene despejar, entonces, una confusión frecuente. Una ley moderna de prevención de lavado no es un ejercicio de relaciones públicas, sino es una pieza de infraestructura económica. Sirve para reducir incertidumbre, bajar costos de transacción y sostener la confianza entre actores que no se conocen entre sí, pero deben operar juntos, por ejemplo, bancos corresponsales, inversionistas, exportadores, aseguradoras, proveedores, clientes y autoridades. Cuando esa infraestructura es débil, la economía no se detiene de un día para otro. Simplemente empieza a volverse más cara, más lenta y más desconfiada. 

Ese costo no se queda en los grandes balances. Baja por toda la estructura económica. Guatemala recibió US$25,530.2 millones en remesas en 2025. Detrás de esa cifra hay consumo, alquileres, colegiaturas, medicinas, pequeños negocios familiares y liquidez cotidiana para millones de hogares. Si un país cae bajo monitoreo reforzado, la famosa lista gris, el primer efecto no suele ser un colapso espectacular. Suele ser algo más silencioso, mayor cautela en la red internacional que sostiene pagos, transferencias y relaciones de corresponsalía. Por su parte, más revisiones implican más cumplimiento y esto se traduce en más costo. Este costo termina trasladándose a comisiones más altas, más demoras y más fricciones para quienes menos margen tienen para absorberlas. 

Una economía que aspira a atraer inversión no puede tratar su reputación regulatoria como un lujo decorativo. Importadores, exportadores, bancos, aseguradoras, desarrolladores inmobiliarios y pymes operan dentro de un ecosistema en el que la percepción de riesgo importa. La lista gris no distingue entre empresas grandes y pequeñas. Las de mayor tamaño deberán absorber parte del golpe mediante mejores equipos de cumplimiento, asesoría sofisticada y relaciones internacionales más robustas. Las pequeñas, en cambio, son las que más sufren la fricción adicional. Un banco extranjero más renuente, una debida diligencia más larga o una transferencia doblemente revisada, pueden ser suficientes para perder margen, mercado o competitividad. 

La evidencia comparada ayuda a salir de la especulación. Panamá ingresó a la lista gris del GAFI en 2019 y salió en 2023. No lo logró con discursos ni con una única reforma exhibida como gesto político. Lo hizo tras varios años de ajustes sucesivos, nuevas obligaciones de transparencia sobre beneficiarios finales, refuerzo de la supervisión, endurecimiento de sanciones y una verificación in situ. Tras estos cambios la normalización de la percepción internacional no fue instantánea, la Unión Europea mantuvo a Panamá en su propia lista de terceros países de alto riesgo hasta el 2025. La lección es sobria pero útil. De una lista se puede salir. Del costo reputacional, mucho más despacio. 

Jamaica ofrece una advertencia similar. Fue incorporada al monitoreo reforzado en el 2020 y salió hasta el 2024. Su propio Ministerio de Finanzas reconoció que operar desde un país en lista gris encarece las transacciones, mientras que el Banco de Jamaica celebró la salida precisamente porque enviaba una señal favorable a los bancos corresponsales y podía facilitar, con el tiempo, las remesas y las operaciones transfronterizas. Traducido a lenguaje simple, el costo existió mientras el país estuvo dentro y la salida exigió años de reformas legales, regulatorias e institucionales, además de una visita in situ para acreditar que el cumplimiento no era meramente formal. 

Esa es, quizá, la enseñanza más importante para Guatemala. Caer puede ser relativamente rápido. Salir suele ser lento, exigente y caro. Un trabajo del Fondo Monetario Internacional ha estimado, además, que la inclusión en la lista gris se asocia con una reducción significativa de los flujos de capital. No conviene leer esto como profecía mecánica, sino como advertencia seria. La reputación regulatoria tiene efectos económicos reales. 

Desde una perspectiva institucional, el punto de fondo es sencillo. Las instituciones importan porque reducen incertidumbre y permiten que la cooperación entre desconocidos sea menos costosa. Cuando fallan, o cuando se rezagan frente al entorno, los actores económicos reaccionan protegiéndose y trasladan ese costo al resto del sistema. Una carta de crédito más cara, una transferencia detenida, una corresponsalía más difícil de sostener o un proceso de verificación interminable acaban operando como un impuesto. No lo decreta el Congreso. Lo impone la falta de confianza. 

Se debe tener presente que la aprobación es un primer paso urgente, por lo que resulta necesario analizar y discutir las posibles mejoras en su texto al momento de su aprobación por parte del Congreso. Esto debe realizarse de forma prioritaria y con estricto apego técnico. Ya que después vendrá la reglamentación, la supervisión basada en riesgo, la coordinación interinstitucional, la capacitación de sujetos obligados y el deber de evitar excesos regulatorios o arbitrariedades. Pero precisamente por eso conviene no perder más tiempo. Cuando una reforma es necesaria, llegar tarde no es neutral. También tiene precio. 

Manila, mi archipiélago

Llegué a Manila en 1996 con la ingenua tranquilidad de quien cree saber cuánto tiempo va a quedarse. Casi medio año de proyecto con mi compañera Isabel. Eso decía el plan. En Filipinas, ese archipiélago de 7000 islas dispersas en el Pacífico, calor tropical y nombres españoles. 

Manila te recibe de una manera particular. Desconcierta, desarma y finalmente obliga a aceptar que ningún plan resiste demasiado tiempo en esa ciudad. Para mí, aquellos seis meses previstos terminaron reducidos a menos de la mitad por razones que aparecerán inevitablemente al final de esta historia. 

Empezó siendo un destino profesional. Con el tiempo, acabaría convirtiéndose en una colección de pequeñas islas de memoria. 

Un hotel de cinco estrellas y una ciudad de contrastes 

La primera semana en el Shangri-La Manila fue lujosa. Uno de esos hoteles diseñados para que el visitante olvide momentáneamente en qué país se encuentra. Mármol brillante, aire acondicionado impecable, camareros que anticipan cada movimiento y ese silencio elegante que solo existe en los hoteles muy caros. 

Desde las ventanas se veía una ciudad inmensa que empezaba a revelarse como una de las grandes megalópolis de Asia. A mediados de los noventa, el área metropolitana ya superaba los diez millones de habitantes. Hoy son muchos más. La ciudad crece con una velocidad tropical, mezclando barrios coloniales, autopistas elevadas, rascacielos nuevos y barrios improvisados donde la vida parece organizada con materiales de chapa y plástico. 

Una semana después nos trasladamos al The Heritage, más cercano a las zonas donde se concentraba buena parte de mi trabajo. El cambio tuvo también algo de metáfora: del lujo silencioso a un contacto más directo con la ciudad real. 

Porque Manila es, sobre todo, una urbe de contrastes extremos. En pocas calles se pasa de centros comerciales gigantescos a barrios donde la pobreza forma parte del paisaje cotidiano. Rascacielos de cristal conviven con viviendas improvisadas junto a ríos oscuros o autopistas saturadas. Desigualdad visible, incómoda y persistente. Pero también forma parte de una sorprendente vitalidad urbana: funciona con una energía caótica que termina imponiendo su propio orden. 

El tráfico como sistema filosófico 

En Manila aprendí pronto que las entrevistas oficiales empiezan mucho antes de llegar al despacho. Comienzan en el carro. O, más exactamente, en el tráfico. 

Cada avenida de la capital filipina es una negociación permanente entre taxis, motocicletas, autobuses y los célebres jeepneys. Estos últimos fueron, en otra vida, jeeps del ejército estadounidense que alguien tuvo la feliz idea de transformar en transporte público. 

Decorados con colores imposibles, cromados brillantes y frases religiosas, los jeepneys son a partes iguales autobús, reliquia militar y carnaval rodante. Algunos parecen pequeños santuarios móviles. Otros, directamente, una obra de arte improvisada. 

El resultado es un caos que, misteriosamente, funciona. No se muestra la prisa en sentido occidental. Nadie parece desesperarse demasiado. 

Aquellos trayectos interminables entre ministerios me enseñaron algo sobre esta ciudad: no se deja entender en línea recta. Hay que recorrerla despacio, casi con resignación. Solo entonces empieza a revelar sus capas.

Diplomacia tropical y nombres inesperados 

Una de las primeras entrevistas fue con el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Domingo Siazon Jr., diplomático elegante que hablaba del equilibrio asiático con la serenidad de quien lleva años observando cómo cambia el mundo desde embajadas y despachos oficiales. 

Mientras lo escuchaba explicar la posición estratégica de Filipinas en el Pacífico pensaba en una de las paradojas más curiosas del país: casi nadie habla español, pero el país está lleno de Garcías, Reyes, Santos, Villanuevas o del Rosarios. Los apellidos sobreviven, aunque la lengua haya desaparecido. 

Otra entrevista memorable fue con el economista Cielito F. Habito, responsable de la planificación económica del gobierno de Fidel V. Ramos. Confieso que cuando entré en su despacho esperaba encontrarme con una mujer. El nombre —Cielito— me había llevado a esa conclusión. Pero resultó ser un economista formado en Harvard que hablaba del crecimiento como quien cree que el progreso depende más de la paciencia que de los discursos. 

Aquella pequeña confusión revelaba algo curioso de Filipinas: allí sobreviven nombres que en España han desaparecido hace mucho tiempo. Pánfilo, por ejemplo, es un apelativo perfectamente normal. En España suena a personaje de novela picaresca; en Manila puede ser el director de una empresa. 

El inevitable chiste sobre Marcos 

Mi nombre, por cierto, provocaba siempre alguna conversación. 

Cuando me presentaba, inevitablemente alguien mencionaba al antiguo dictador filipino Ferdinand Marcos. La coincidencia era demasiado evidente. 

Así que terminé adoptando una respuesta humorística que siempre funcionaba. 

—Y eso no es todo —añadía—. Además, mi hermano se llama Fernando. 

Risas inmediatas. El humor diplomático tiene esa virtud: funciona mejor cuando es breve y ligeramente absurdo. 

Para continuar leyendo, haga clic aquí.

_{Lecturas de fin de semana:}